Así lo revela la Resolución 1165, firmada por Arnoldo Wiens, titular de la cartera de Obras, y que se publicó en el portal de Contrataciones Públicas. La cancelación de la licitación se basa en un pedido remitido desde el Ministerio de Hacienda al MOPC, donde se explica que el imprevisto escenario surgido como consecuencia de la pandemia del Covid-19 obliga a ajustarse a medidas fiscales exigidas.
Desde Hacienda pidieron la cancelación de esta y otras licitaciones que no tengan financiamiento, además de argumentar que se debe “racionalizar el gasto público y suavizar los niveles de compromisos en el mediano plazo, atendiendo la limitada disponibilidad de recursos” para el 2020. La fiscalización, que quedó truncada, era por G. 36.000 millones. Pese a ello, las obras de la defensa costera siguen a cargo del consorcio CTC, por valor de G. 532.619 millones. En tanto, desde el MOPC no confirman cómo será la fiscalización.
La Cifra
36.000 millones
es el costo del llamado a licitación para la fiscalización de la ampliación de la defensa costera de Pilar, que quedó truncada.
