El Senado decidió confirmar la eliminación del presupuesto monetario del Banco Central del Paraguay (BCP) del presupuesto fiscal 2007, tal como lo hizo antes la Cámara de Diputados.
La decisión fue tomada por el Poder Legislativo en contra de todos los argumentos de la presidenta de la banca matriz, Mónica Pérez, de que los gastos de la política monetaria deben ser incluidos dentro del presupuesto fiscal.
Igualmente, tampoco fueron suficientes los argumentos expuestos para la aplicación de la Resolución Nº 8 del BCP, de clasificación de activos de riesgos crediticios, diseñada para el fortalecimiento del sistema financiero.
La presión del sector privado y la intromisión del Poder Ejecutivo en una decisión que compete exclusivamente a la banca matriz, conforme a la Ley Nº 489/96 Orgánica del BCP, prevalecieron sobre los argumentos técnicos manejados por la banca matriz en defensa de la normativa.
En el caso del presupuesto monetario, el BCP había establecido en su plan de gastos 380.480 millones de guaraníes para el pago de intereses por la colocación de letras de regulación monetaria (LRM). La decisión tomada por Senadores dejó definitivamente fuera del presupuesto fiscal este presupuesto, cuya inclusión fue solicitada por la presidenta de la banca matriz, Mónica Pérez.
La decisión tomada en el Poder Legislativo se debe a que los políticos no estaban de acuerdo con introducir este presupuesto (para el pago de los gastos de la política monetaria) en el presupuesto fiscal, como opinaba el titular de la cartera de Hacienda.
DEBATE. Su inclusión en el proyecto fue precisamente motivo de una prolongada discusión entre los técnicos de Hacienda y del BCP, ya que estos últimos insistían en que era la única vía para legalizar el presupuesto monetario.
La existencia de un presupuesto paralelo o presupuesto “B”, como también se lo conocía, generó un prolongado conflicto entre la presidenta del BCP, Mónica Pérez, y los entonces miembros del directorio: Raúl Ayala, Fernando Silva y Diego Martínez, quienes posteriormente renunciaron a sus cargos.
La Contraloría General de la República considera ilegal que este gasto sea mantenido fuera de la ley aprobada en el Congreso, como se venía realizando desde hace años.
Cuando parecía que todo el camino se allanó para blanquear el presupuesto paralelo, del cual se realizó una serie de pagos indebidos, de acuerdo a la conclusión de la Contraloría, finalmente la postura de Mónica Pérez perdió.
En las posturas dispares entre la presidenta del BCP y el ministro de Hacienda puede apreciarse la dificultad que existe para la coordinación de la política monetaria y la política fiscal.
La presión fue efectiva
La gestión realizada por los gremios empresariales también dejó mal parada a la banca matriz, considerando que quedó sin poder aplicar la Resolución 8/03, que según el argumento es con el objetivo de fortalecer el sistema financiero. Además la postergación fue criticada por el fondo Monetario Internacional (FMI), organismo ante el cual el Gobierno se comprometió a avanzar en el proceso de fortalecimiento del sistema.
En efecto, el jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos, dijo la semana pasada que no se debe olvidar las crisis financieras por las que pasó el país hace 10 años y se reeditó con la caída del Banco Alemán en el año 2002 y que sigue teniendo efectos en la economía.