La Fiscalía cuenta con los testimonios de operadores políticos del PLRA que admitieron haber sido planilleros durante la administración del actual diputado Fernando Nicora López Moreira en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
“Estas personas aceptaron los hechos e inclusive manifestaron que no prestaron servicios”, comentó ayer la fiscala Nadine Portillo, quien imputó y pidió el desafuero del parlamentario liberal.
En ese sentido, indicó que a lo largo de los años que duró la investigación –el caso fue denunciado en diciembre del 2012– el Ministerio Público intentó ubicar a las 352 personas que fueron contratadas entre noviembre y diciembre del 2012 por Nicora.
Solamente aproximadamente 97 personas fueron rastreadas por la Fiscalía en este lapso. “Los salarios oscilarían entre un millón y un millón quinientos por cada mes. Fue complicado para muchos obtener salidas procesales”, comentó la fiscala Portillo. Otros 262 contratados en el mismo periodo ya fueron imputados por cobro indebido de honorarios.
“Muchos optaron por la suspensión condicional del procedimiento para devolver en forma mensual porque son muy humildes y no pueden devolver 3 millones de guaraníes y en algunos casos menos. Hubo uno que optó por un abreviado porque no tiene forma de devolver el dinero”, añadió la investigadora.
NO LOS ENCUENTRAN. Por otro lado, la representante del Ministerio Público mencionó que los 262 imputados junto al diputado Nicora hasta ahora no fueron ubicados.
“Con el transcurso de los meses se trató de ubicar a estas personas que están distribuidas en todo el territorio nacional. No tienen un número o dirección fija (...). Ellos supuestamente prestaron servicios en la ANNP, pero en distintas localidades”, señaló la agente fiscal. Al respecto, manifestó que tampoco descarta que varias de estas 262 personas hayan fallecido.
NO PRESCRIBIÓ. Por su parte, el fiscal adjunto Federico Espinoza recalcó que el caso aún no prescribió. Explicó que si bien los hechos se consumaron en noviembre y diciembre del 2012, en el 2015 el plazo de prescripción se interrumpió con un acto jurisdiccional: un allanamiento. Nicora está imputado por lesión de confianza, que puede ser penado con hasta 10 años de cárcel en los casos graves. Los presuntos planilleros se exponen a una pena de hasta dos años de cárcel.