Mediante un comunicado emitido ayer, los miembros de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy) solicitaron al Ejecutivo que derogue algunas exigencias de dicha normativa.
El presidente del gremio, Bruno Defelippe, recordó que la Ley EAS tiene como propósito fundamental agilizar la vida formal de los emprendedores. No obstante, prosiguió, en la práctica, estas unipersonales están intimadas a pasar por burocráticos procesos, muchos de ellos sin sentido.
En ese contexto, explicó que la normativa estipula que las mipymes, aunque no tengan personal a su cargo, deben declarar obligatoriamente ante el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
“Esto genera un compromiso de presentar documentos adicionales de manera mensual, agregando carga administrativa y burocrática innecesaria a las pequeñas firmas, en lugar de ser un proceso simple”, expresó Defelippe.
INFORMALIDAD. Estos requerimientos burocráticos, además, pueden terminar por desalentar la formalización de las mipymes, de acuerdo con lo mencionado por Gabriela Galilea, socia fundadora de Asepy y voluntaria técnica a cargo de mejora de la Ley EAS.
“Si bien IPS no obliga a pagar el aporte hasta tanto no se inscriban empleados, el MTESS sí exige presentar planillas de empleados de manera mensual, so pena de multa, lo cual consideramos que no tiene sentido. Eso, en lugar de alentar la formalización, la desalienta, apartándonos del verdadero espíritu del proyecto EAS, que es simplificar”, apuntó.
Para Galilea, estos cambios propuestos no son complicados, ya que pueden realizarse por un nuevo decreto del Ejecutivo o hasta por una resolución del Ministerio de Trabajo.
“Es solo una cuestión de voluntad política de los otros ministerios que forman parte de EAS, como MTESS y Hacienda”, concluyó.
AGILIDAD. El Ejecutivo promulgó ya en enero del año pasado la Ley EAS, con el fin de mejorar el lclima de negocios en el país. Con esta norma, se estima poder lograr la creación de una empresa en 72 horas, proceso que actualmente demora como seis meses.
Además de mejorar el tiempo de registros, la legislación apunta a reducir la brecha de informalidad principalmente en el sector de las mipymes, que hoy está en torno al 60%, según las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
