El Dr. José Altamirano, ministro de la Corte Suprema de Justicia, presentó su descargo ante la Cámara de Diputados y pidió se rechace el pedido de juicio político que existe en contra de él.
Al integrante del máximo organismo judicial se le atribuye haber incurrido supuestamente en prevaricato, abuso de autoridad y mal desempeño de funciones, en varios juicios.
Altamirano reconoce que en 1991, como abogado de la firma Consorcio CIDY, contestó una demanda promovida por Joaquín Cuevas Sandoval. Pero, luego renunció al cargo 1994. Posteriormente, luego de más de 10 años, la Corte Suprema de Justicia, integrada con Altamirano, dictó una sentencia en una demanda promovida por el mismo Joaquín Cuevas Sandoval, resolviendo una inconstitucionalidad. En el pleito no intervino el Consorcio CIDY.
“Lo expresado por el acusante es una falacia. Además, demuestra una abierta mala intención, afán de perjuicio y descrédito a mi honor. También el claro objetivo de provocar daño a mi imagen personal y a mi investidura como ministro de la Corte. Manipula y tergiversa los hechos, con la única finalidad de perjudicarme”, apunta el integrante del cuerpo judicial.
OTRO PLEITO
Otra denuncia se refiere a la intervención de Altamirano en el expediente “Esso Estándar del Paraguay SA contra el ingeniero Eduardo Buongermini sobre justificación de causal de despido”. El ministro destaca que emitió su voto en el que no favoreció a la reposición en su lugar de trabajo a Buongermini, a pesar de tener estabilidad laboral, ya que no se puede proceder a una reincorporación forzosa por existir incompatibilidad con la empresa. Es por ello que se hizo lugar a una inconstitucionalidad promovida por la Esso Estándar “nadie puede reclamar sus derechos con violencia”, apunta.
Otro cuestionamiento a Altamirano es por haberse adherido al voto de otro ministro de Corte. El ministro denunciado emitió su voto en una inconstitucionalidad promovida por el Sindicato de Apuntadores Portuarios y Anexos de la Capital (SAPAC) contra la empresa Martimia CMSP Mercosur Shutte y Puertos Privados San Francisco S.A.I.E.I. y Puertos y Estibajes S.A. sobre cumplimiento de contrato colectivo de trabajo y cobro de guaraníes.
“Los cargos por los cuales soy acusado se refieren exclusivamente a desacuerdos con el criterio de interpretación sostenido en el fallo cuestionado. Considero que el mal desempeño de funciones, jamás puede ser atribuido a una función propia, por cuanto que la interpretación de la norma constitucional es facultad exclusiva del Poder Judicial”, destaca el escrito de defensa.