A través del proceso con número de ID 382.020 para la adquisición de tapabocas y termómetros infrarrojos (contratación por excepción), Justicia acabó adjudicando a la firma I&D sociedad anónima la provisión de los insumos, por un valor total de G. 102 millones.
De acuerdo a los documentos publicados a través de la página web de la DNCP, &D sociedad anónima fue una de las cinco empresas que fue invitada a participar, junto a V&M SA, Emsett SRL, Social Farma SA, y V&V SA.
Al hacer un cruzamiento de datos, resalta que la dirección de la firma adjudicada, Jacaranda 1935 casi Yerutí, en Fernando de la Mora, es casi la misma que otra de las invitadas, la de Social Farma SA (solamente varía la numeración).
El número de I&D (celular) no existe o aparentemente fue cambiado, mientras que al llamar al contacto de Social Farma (línea baja), la comunicación de Última Hora fue derivada a Vanessa Scarone, la cual figura como representante legal de otra firma que participó del proceso, V&V SA. La mujer no respondió a nuestras consultas, como tampoco lo hizo Alberto Caballero, de la misma empresa.
Más. Otro aspecto llamativo es que, siempre según los datos de la DNCP, una persona con el apellido Scarone también forma parte de otra de las empresas invitada al proceso, V&M SA. Asimismo, resalta que la respuesta de VyM SA a la comunicación realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de Justicia está firmada por Mirna G. Díaz, también representante de V&V SA.
Fuentes consultadas en Contrataciones Públicas y el mismo Ministerio de Justicia explicaron que la conexión entre al menos cuatro empresas llama la atención, lo cual puede ser motivo de una pesquisa.
Finalmente, las que se presentaron fueron I&D, Social Farma y V&V, con sendas ofertas de G. 102 millones, G. 117 millones y G. 121 millones. Lo acordado fue la provisión de 10.000 tapabocas, a G. 3.600 cada uno, y 60 termómetros infrarrojos, a G. 1.100.000 la unidad.
Este proceso fue uno de los cuatro en total realizados por Justicia en el marco de la lucha contra el Covid-19 (ver infografía), de los cuales fueron anulados tres (solo quedó el llamado con ID 382.015).
Por otra parte, la Contraloría pidió ayer a la DNCP datos sobre las personas físicas o jurídicas que han contratado con el Estado en la emergencia sanitaria, además de informaciones relativas a los precios de insumos comprados.
