El informe de intervención de la , elaborado por los técnicos del Instituto Nacional de Cooperativismo (), detalló varias operaciones de crédito que fueron calificadas como irregulares, que en algunos casos tuvieron como beneficiarios a conocidos nombres.
Uno de ellos es el diputado cartista , quien según los datos accedió a un préstamo a sola firma de G. 1.020.497.167, el 19 de noviembre del año 2020, a un plazo de 12 meses, a instancia del Consejo de Administración de la entidad solidaria. El documento indica que pese a haber declarado un saldo disponible mensual de poco más de G. 2,3 millones, la cuota de su préstamo quedó fijada en G. 103 millones.
De esta forma, se produjo un nivel de endeudamiento poscuota de 482%. A su vez, la intervención descubrió que el préstamo en cuestión fue otorgado sin garantía real, que no se tuvo en cuenta el análisis del oficial de créditos (en contra de la concesión), y que al momento de solicitar los recursos figuraba en Informconf una operación morosa con un saldo de G. 245.016.224. Al 21 de junio de 2022, no figuraba ninguna cuota pagada.
Otro caso similar es el de Félix Jiménez, ex presidente del Incoop, quien en la misma fecha que Núñez accedió a una refinanciación a sola firma de G. 1.719.769.468, con casi las mismas observaciones que Núñez. Ambos aparecen además en un apartado específico sobre préstamos mal concedidos y pagos realizados de origen dudoso, sin considerar las recomendaciones de analistas y “vulnerando en todos los casos normas establecidas en el manual de créditos, reglamento de créditos, resoluciones del Conad (Consejo de Administración) y del Incoop”.
Lo llamativo es que entre Núñez, Jiménez y otras tres personas (Lilian Gómez, Javier Rotela y Claudine Esperanza Rojas) tenían operaciones –relacionadas con cheques– vinculadas entre sí, “vulnerando normas vinculadas al otorgamiento de préstamo con garantía documentaria, en cuanto a que no se aceptarán cheques personales, de empresas o personas relacionadas con el socio que descuenta, librador con malas referencias o cualquier situación que sugiera que el cheque propuesto sea de riesgo superior a lo normal”, expresan desde el Incoop.
Inclusive, se presume que ciertos préstamos fueron pagados con recursos de la misma cooperativa (de forma indebida), ya sea a través de asientos y débitos contra la cuenta de caja de ahorro de uno de los socios, la cual se fondeaba mediante desembolsos en concepto de pagos a proveedores, por trabajos sobre los cuales no existe evidencia de su realización, o incluso el pago directo de directivos de la institución.
Más. El reporte tiene otro apartado sobre el producto descuento de cheques, donde se resalta que este instrumento fue puesto a disposición de un grupo muy reducido de socios, entre los cuales figuran el conocido como narcopastor José Insfrán, César Ruiz Díaz, el diputado Colym Soroka y Julio Ullón, además de Núñez y Jiménez. Insfrán, quien es uno de los principales investigados en el marco del operativo denominado A Ultranza Py, accedió por esta vía a G. 4.400 millones (con un saldo de G. 800 millones), siempre conforme a los números expuestos por el Incoop.
- 1.020 millones es el monto al cual accedió Basilio Núñez a través de un préstamo a sola firma el 19 de junio de 2020.
- 1.719 millones, por su parte, es el monto al cual accedió Félix Jiménez esa misma fecha, según datos del Incoop.
- 4.440 millones por medio del producto descuento de cheques fue el monto que recibió el pastor José Insfrán.
43.910 millones a sospechosos
Otro de los numerosos detalles que se expusieron en el informe de intervención del Incoop fueron las operaciones relacionadas a un universo de 12 socios que forman parte directa o indirectamente de la investigación del operativo A Ultranza Py, a través de los préstamos con descuentos de cheques. Con esta modalidad, ellos accedieron a un monto de G. 43.910 millones concedidos por San Cristóbal, entre los años 2014 y 2022
Entre los asociados en cuestión aparece el propio ex presidente de la entidad solidaria y ex legislador nacional Juan Carlos Ozorio y José Alberto Insfrán, entre otros.
Los interventores del ente regulador concluyeron que en varios casos no se aplicaron las normas antilavado vigentes y que así, las autoridades de San Cristóbal y los funcionarios implicados expusieron “en alto riesgo a la cooperativa para que sea utilizada como un canal para la posible comisión de hechos de lavado de activos”. La institución seguirá a cargo de los funcionarios del Incoop, ya que aún no hay nuevas autoridades electas.