El anuncio se dio después de una visita de una alta autoridad administrativa a la Comisión Bicameral. La preocupación del Poder Ejecutivo radica en la falta de tratamiento de varios proyectos de ley que tienen como objetivo modernizar la carrera del servicio civil y reorganizar algunas funciones administrativas del sector público.
La actual normativa que regula la carrera del servicio civil es relativamente nueva, vigente desde el año 2000; probablemente requiera cambios, dadas las falencias que se observan en la gestión de los recursos humanos en el sector público. La viceministra encargada del tema señaló que uno de sus avances fue ayudar a transparentar el acceso a la función pública y los concursos, pero tuvo dificultades en su implementación, ya que muchas entidades recurrieron a acciones de inconstitucionalidad.
Por otro lado, las instituciones que están implementando tampoco muestran efectos alentadores. El funcionariado sigue vulnerable a los cambios de gobierno, persiste el llamado freezer, no hay alineación entre los sistemas de incentivos y las responsabilidades, resultados y rendimiento y tampoco la suficiente flexibilidad, ya que hay sectores en los que sobran funcionarios mientras que faltan en otros.
Las reformas deben alcanzar a los tres poderes del Estado, los entes autónomos, autárquicos, órganos de regulación y superintendencias; las entidades públicas de seguridad social; las empresas públicas; entidades financieras oficiales y la Banca Central del Estado.
No deben quedar fuera las municipalidades y los entes binacionales, teniendo en cuenta que los recursos que manejan son públicos y, por lo tanto, el funcionariado que trabaja en dichas instituciones debe responder a la ciudadanía que le cedió esa responsabilidad como parte del contrato social.
Paraguay es uno de los países que peores resultados tienen en las políticas públicas de cualquier ámbito. Las evaluaciones educativas, los indicadores de salud, la ineficiencia de las contrataciones públicas, la falta de pertinencia y la mala calidad de las obras de infraestructura física tienen como uno de sus factores determinantes el mal manejo de los recursos humanos.
En última instancia, la implementación de los principios establecidos en las normativas, políticas y programas, la gestión presupuestaria y el manejo y resolución de los conflictos, la apertura a la participación ciudadana y la transparencia del sector público solo son posibles con el involucramiento de personas. No hay buen diseño de la institucionalidad ni instrumentos digitales que garanticen por sí solos la excelencia en la provisión de servicios ni la eficiencia de los recursos.
El Estado, a través de la administración pública, en cualquier país del mundo, incluyendo a Paraguay, se compromete como mínimo a garantizar seguridad, protección y participación social y política. Este compromiso solo puede cumplirse a través del trabajo del funcionariado, que a su vez requiere instrumentos adecuados. Esta es la base de la convivencia armónica y pacífica y el cimiento de la construcción de una nación.
El Gobierno que inicia debe garantizar el cambio en las normativas que sean necesarias, pero también debe ser capaz de encontrar y solucionar los problemas que no se derivan de ellas, sino de una deficiente o descomprometida gestión.
