He recibido muchos comentarios y la mayoría no está de acuerdo. Los argumentos más razonables están relacionados a la mala calidad del gasto público que tenemos actualmente, como se refleja en estudios e informes recientemente publicados tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo. El punto es que si ampliamos el uso de la deuda pública para financiar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura básica y ampliar los servicios públicos, estaríamos dando carta blanca a los políticos para seguir despilfarrando los recursos genuinos en gratificaciones, recategorizaciones, reajustes salariales masivos, jubilaciones, transferencias a gobernaciones o municipios, etc., que en definitiva no tienen ningún impacto en la cantidad o calidad de los servicios públicos para la ciudadanía.
De ninguna manera puedo estar en desacuerdo con estos argumentos. Más aún si consideramos que está en proceso de implementación una reforma tributaria cuyas mayores recaudaciones serán percibidas recién en el presupuesto del año 2021 y ya existen demandas de reajustes salariales por parte de funcionarios públicos de todo el aparato estatal de entre un 20 y 30%, que fueron postergadas en la discusión del presupuesto vigente. Sería catastrófico para la sociedad paraguaya que los recursos adicionales generados por la reforma tributaria, cuyo destino previsto en la ley es exclusivamente financiar programas y proyectos en educación, salud o infraestructura, terminen financiando reajustes salariales o gratificaciones a funcionarios públicos. Es fundamental que las autoridades tomen decisiones y asignen los recursos públicos con criterios de austeridad, racionalidad y priorizando la mejora de los servicios públicos.
Para cambiar la dinámica del gasto público se requieren algunas reformas estructurales que modifiquen sus fundamentos. En concreto, es necesario establecer reglas en relación a la contratación, plan de carrera y despido de funcionarios públicos para eliminar el modelo discrecional y clientelista actual que distorsionan totalmente los incentivos y el proceso presupuestario; son necesarias una política y reglas de reajustes salariales para funcionarios públicos porque la actual dinámica de grandes incrementos salariales en años electorales y un congelamiento posterior de los salarios nominales hasta el siguiente periodo electoral desestabiliza las finanzas públicas e imposibilita una planificación y ejecución ordenada del gasto público; es necesaria una reforma del sistema previsional empezando por la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y posteriormente con los ajustes paramétricos y de cobertura que apunte a un sistema básico universal de jubilaciones que proteja efectivamente a las personas en su edad de retiro, tenga sostenibilidad financiera a largo plazo y sea equitativo entre todos los ciudadanos.
Estos son los factores principales que explican el crecimiento del gasto público corriente y es necesario controlar su dinámica para ir mejorando la estructura y la calidad del gasto público en los próximos años. El Ministerio de Hacienda debería convocar a la Comisión Público-Privada de Análisis del Gasto Público que creó a mediados del año pasado, profundizar en los análisis en los distintos componentes del gasto público y sus determinantes y proponer las medidas de reformas necesarias para mejorar su calidad y eficiencia. Claramente, esta es la prioridad de las políticas públicas para este y los próximos años para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado.
