Ya se habían tardado en esgrimir una nueva estrategia para buscar dar credibilidad y apoyo al impresentable, deficiente y negligente trabajo del fiscal Jalil Rachid en la causa por la matanza en Curuguaty, cuya audiencia preliminar se desarrolla sobre un libreto que busca condenar a los campesinos procesados, aunque no haya pruebas ni razón jurídica real.
La continuidad de la tal audiencia preliminar –incidentada e invalidada en sí misma– ya había caído en descrédito ante la opinión pública por las puerilidades y los vicios procesales. Ni siquiera habían logrado que un incidente de la defensa, que pedía definir la titularidad de las tierras para seguir, se destrabara.
Pero como el tiempo se acorta, el gobierno de Franco –surgido de los beneficios del juicio político generado en el caso Curuguaty– se va en 20 días; y el proceso hace agua por todos lados, bien viene una contención y una ayuda que visibilizada públicamente permitirá devolver aunque sea alguna duda a favor de la Fiscalía y del proceso.
Hasta los abogados de la familia del desaparecido caudillo colorado Blas N. Riquelme se sorprendieron del dictamen, porque ni estaban enterados hasta que la prensa les consultó. Y si bien, notablemente, la Fiscalía opina sobre un asunto de fondo –la titularidad de las 2.000 hectáreas donde ocurrió la masacre– y no sobre la forma –el motivo del pedido–, el fallo no es vinculante y así lo reconocen propios y extraños.
¿Entonces?
Es claro que el documento firmado por el fiscal general adjunto Marco Alcaraz no servirá mucho para los propósitos del litigio sobre las tierras que mantiene Campos Morombí con el Estado, que las recibió en donación en 1967, pero sí da una impresión distractora en términos políticos para construir imaginarios que abonen la insostenible tesitura de la culpabilidad de los campesinos en la “invasión “ y en la muerte (en grado de tentativa según la acusación) de 6 policías, sin haber elementos ni haberse investigado –tampoco– cuál de los agentes mató a los 11 sintierras.
Estos actos rayanos a absurdos y a aberraciones jurídicas se dan en Estados de corrupción e impunidad, en donde la institucionalidad es apenas un pretexto mal planteado; y la gente común, sin poder económico ni político, el chivo expiatorio.