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Mazzoleni no despeja dudas sobre rol de Silva en compra de insumos

 

El papel de Raúl Silva, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en la compra de insumos por parte del Gobierno sigue generando incógnitas. En entrevista concedida a Monumental AM 1080, Julio Mazzoleni, ministro de Salud, ratificó ayer que Silva formó parte de reuniones realizadas para adquirir los productos en cuestión.

Mazzoleni reconoció que no se llegó a conformar una mesa oficial para obtener los insumos requeridos para la lucha contra la enfermedad por Covid-19, pero que en un momento dado “todos los organismos dentro del Estado estaban a disposición del Ministerio de Salud” ante las dificultades, lo cual motivó a encuentros que contaron con representantes de varias instituciones, incluyendo a Raúl Silva, para “buscar estrategias”.

Agregó que a Silva “lo tienen” justamente en carácter de representante de la cooperante, en este caso la EBY, pero que no estaba en conocimiento de cómo se lo eligió a él. “No puedo hacerte alusión a una designación”, manifestó el titular de Salud. Tampoco pudo precisar cómo se relacionaba Yacyretá al proceso de compra.

Suman versiones

La enigmática participación de Raúl Silva había sido confirmada antes por Julio Rolón, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, y Alcides Velázquez, ex director administrativo de la cartera sanitaria. El propio Silva llegó a confirmar en su momento que fue parte de charlas como, por ejemplo, la que se tuvo con el empresario Ignacio Pidal, pero entró en contradicciones cuando se le preguntó quién le pidió estar involucrado. Inicialmente, había dicho que fue el propio Mario Abdo, presidente de la República, luego dijo que fue convocado por Edgar Melgarejo, ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Vínculos poco claros

Aparentemente, Silva y Melgarejo trabajaban de cerca con los empresarios Gerardo y Esteban Peyrat. Todos ellos fueron señalados por el legislador Carlos Rejala como parte de un grupo que se encarga de montar una estructura para facturar millonarios montos al Estado. Uno de los supuestos beneficiados del esquema es Justo Ferreira, vinculado a Imedic SA y Eurotec SA, según dieron a conocer fuentes investigativas de la Fiscalía en el marco de las pesquisas relacionadas a la adquisición de mascarillas vencidas por parte de la Dinac.

Antecedentes

Raúl Silva es abogado y notario. Fue Síndico de Quiebras del Poder Judicial, puesto al que renunció. En 2013, su oficina fue baleada, luego de que afirmara haber sido amenazado por el ex legislador Jorge Oviedo Matto, luego de haber denunciado las irregularidades de la compra de tierras por parte del Indert a la firma San Agustín. Formó parte del equipo de transición de Mario Abdo, a quien se lo considera como muy allegado, y su nombre sonó extraoficialmente para varias entidades, como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría de Inteligencia. También llegó a ser parte de la dirigencia del club Olimpia. Actualmente, es secretario del Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.

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Lo tenemos a él (Raúl Silva) con base en la representación de cooperante (Yacyretá), como también está Itaipú.
Aquí en Salud han estado casi todos los distintos representantes que pudieran tener algún beneficio en un proceso de compra. Julio Mazzoleni, ministro de Salud.



DNCP ya fue comunicada sobre la rescisión de contrato
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya recibió formalmente la notificación del Ministerio de Salud Pública sobre la decisión de rescindir los contratos firmados con Imedic SA y Eurotec SA, según se dio a conocer ayer.
“El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunicó de las rescisiones del contrato de la licitación número 36 a través de la Dirección de Gabinete, a la fecha la comunicación se encuentra agregada a la investigación de oficio en trámite”, señalaron desde la DNCP.
De esta manera, empiezan a correr los plazos sobre el proceso de sumario a ambas empresas, que puede derivar en una sanción, de entre tres meses y hasta tres años de imposibilidad para proveer al Estado. El sumario puede durar entre 30 a 45 días. Contrataciones Públicas ya había abierto una investigación sobre la polémica compra de Salud, cuya conclusión se estaría dando a conocer esta semana.
El proceso de adquisición de insumos y camas también fue objeto de una inspección por parte de la Contraloría General de la República (CGR), que había emitido un demoledor informe en el que se aseguraba que el proceso estuvo viciado en todas sus etapas. Pablo Seitz, titular de la DNCP, había adelantado en entrevistas concedidas a medios locales que las observaciones de la entidad a su cargo eran muy similares a las que realizó la Contraloría.


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