El director de Itaipú, el liberal Carlos Mateo Balmelli, no tuvo otra salida que admitir que “no hay pecado en decir que uno cuando cambia de posición es por honestidad, ya que lo peor es obstinarse en un error”. La frase la lanzó cuando fue consultado si en la Alianza Patriótica estaban en desconocimiento del Tratado de Itaipú, cuando criticaban al anterior Gobierno porque los gastos sociales no eran aprobados por el Congreso.
“Yo asumo mi ignorancia y si eso es un elemento que justifica que me lapiden por eso no hay ningún problema”, expresó durante su estadía en la Cámara de Diputados, adonde fue a hablar justamente del caso con algunos miembros de la mesa directiva y líderes de bancada.
El titular de Itaipú ratificó que los gastos sociales no pasarán por el Parlamento, alegando que el Tratado lo impide, ya que el presupuesto de la binacional lo elabora y aprueba el consejo de administración de ambas partes, brasileños y paraguayos. “El presupuesto no puede ser aprobado porque no se consolida con el Prepuesto General de Gastos de la Nación”, acotó.
Añadió que la aprobación parlamentaria no garantiza transparencia del uso de los fondos.
Explicó que en busca de lograr transparencia el Gobierno no colocará barreras a las contralorías o cualquier organismo oficial del control que puedan controlar toda la ejecución.
Luego de dar muchas vueltas, Carlos Mateo expresó que los cuestionamientos que la Alianza hacía al ex presidente Nicanor Duarte Frutos y sus colaboradores se referían al origen de los gastos sociales, ya que existía temor de que esas inversiones impidan el cumplimiento del servicio de la deuda externa de Itaipú.
El monto de la deuda equivale a 20 mil millones de dólares, aproximadamente, y a 30 mil millones de dólares para el 2023.
Así también, dijo que antes exigían la transparencia a través de los órganos de control.
DISPARIDAD. El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, expresó días pasados que los gastos sociales podrían pasar por el Parlamento vía presupuesto. Sin embargo, el director de Itaipú indicó que respeta la opinión del secretario de Estado, pero que no la comparte “porque hay un Tratado que cumplir”.
Afirmó que también se deben controlar los gastos de transporte de la entidad, así como los de aviación y la parte contratista. “Donde más se gasta es en la parte administrativa y no los famosos gastos socioambientales, y de esos gastos les hemos dado toda la información al BCP para que ellos investiguen”, apuntó.
