El peso del sector público paraguayo, tanto como porcentaje del PIB como en el total del empleo nacional, se encuentra entre los más bajos de América Latina, por debajo incluso de países con mayores niveles de desarrollo.
Es más, hay áreas en las que el país presenta déficits ya que tenemos las coberturas más bajas de la región, como en el caso del número de profesionales y técnicos de medicina y de investigadores. La educación media requiere expandirse en más del 50%, lo que exige docentes en múltiples disciplinas. Las instituciones públicas del área de infraestructura necesitan más técnicos y profesionales teniendo en cuenta la necesidad de monitorear la ejecución y fiscalizar la calidad de las obras.
Casi cualquier área de prestación de servicios del sector público necesita el refuerzo de su capital humano, ya que, al final de cuentas, son las personas las que garantizan el cumplimiento del rol del Estado en la sociedad.
Sin embargo, para que las políticas públicas funcionen además de contratar funcionarios de manera transparente y garantizando idoneidad, estos deben ser incorporados a una carrera profesional que les garantice estabilidad en su empleo y oportunidades de promoción y remuneración en función de su perfil y de sus responsabilidades y logros, al margen del gobierno que coyunturalmente cada 5 años ejerza el poder.
Nuestro país está todavía muy lejos de este ideal. El Gobierno anterior buscó dar una imagen de transparencia con un marco normativo que se suponía pondría algo de orden; sin embargo, terminó siendo solo un discurso porque hoy sabemos que continuaron ingresando al sector público personas sin el perfil requerido y con remuneraciones que responden más a la lealtad política que a sus méritos.
Este Gobierno está dando señales de que no busca ni siquiera en el discurso garantizar las condiciones necesarias para que el ingreso, la permanencia y promoción en la carrera del servicio civil se sustenten en criterios racionales y técnicos. Los mensajes sobre la coloradización de los cargos públicos y de las becas estudiantiles fueron muy claros.
Lastimosamente, el aparato estatal sigue siendo un botín político donde se distribuyen cargos para saldar deudas partidarias, con lo cual la información sobre más recursos presupuestarios para pagar salarios, en lugar de constituir una buena noticia para la ciudadanía que espera mejores servicios, genera malestar.
El nuevo Gobierno necesita legitimidad para gobernar durante los próximos 5 años. Debe dar señales de que tiene la voluntad de mejorar las condiciones de vida de la población. Ese es el objetivo último del Estado y, por añadidura, de los políticos que asumen cada 5 años y de los funcionarios públicos cuyos sueldos son pagados con los impuestos de los contribuyentes.