Fuego cruzado. Pablo Lezcano, ex responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), aparece como responsable de haber ejercido coacción para validar el proceso de compra de los insumos llegados de China. La declaración fue realizada ayer en el programa La Lupa, de Telefuturo.
La acusación fue hecha por Pedro Adrián Santander, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud. Según contó, supuestamente Lezcano llegó hasta él, informándole que los insumos de bioseguridad habían sido adjudicados y estaban en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
Lo que se necesitaba era blanquear o formalizar el proceso, según dijo. Cuando los documentos fueron llevados hasta él para revisarlos, todo estaba finiquitado, a pesar de que debía ser primero evaluado por los asesores. “Pablo Lezcano fue a la oficina y refirió que el expediente era para la contingencia, que tiene una particularidad de excepción”, reveló.
Al salir a la luz las irregularidades, Adrián señaló haberse sentido coaccionado por el ex titular de la UOC. “Nos sentimos usados y que el señor Pablo Lezcano, en su momento, nos instó medio coaccionándonos por la necesidad real que había, para que nosotros podamos validar ese proceso”.
DESCARGO
“Yo en ningún momento intenté influenciar o coaccionar para que él (Pedro Adrián) haga eso y le comenté lo que yo sabía en ese entonces, es lo que a mí me dijeron, no es que yo inventé o creé esa situación”, indicó.
Señaló que sus superiores le manifestaron que los productos sanitarios ya estaban en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Además que la entrega se tenía que realizar de manera inmediata, ya que era urgente. Le dijeron que si se llegaba a Semana Santa “iba a ser un problema si se disparaba” la cantidad de infectados de Covid-19.
En la fecha, el Ministerio de Salud deberá acercar la comunicación oficial de la rescisión de contrato a las firmas.
2 empresas, Imedic SA y Eurotec SA, fueron las que trajeron los insumos de bioseguridad desde China.
15 camas hospitalarias que no cumplieron con las especificaciones técnicas fueron rechazadas por Salud.
3 años de impedimento para proveer al Estado es la sanción posible por incumplimiento de firmas proveedoras.