El presidente Mario Abdo Benítez mantuvo ayer una reunión con la cúpula militar donde uno de los temas centrales giró en torno al plan de operaciones para reforzar la presencia en la línea fronteriza en Pedro Juan Caballero, Amambay.
Esto luego del atentado registrado el fin de semana pasado donde fueron asesinadas cuatro personas entre ellas, la hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) colaborará con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional en reforzar el operativo de control en la ciudad fronteriza con Ponta Porã, ante el avance de golpes perpetrados por grupos de narcotraficantes que se enfrentan en la zona.
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había anunciado en Palacio de Gobierno que se podrá en marcha el Comando Bipartito con Brasil para combatir el aumento de la criminalidad en Pedro Juan Caballero, Capitán Bado y eventualmente en Salto del Guairá (Canindeyú).
El presidente de la República exigió el miércoles a sus colaboradores resultados en la política de seguridad del Gobierno.
operación soberanía. Desde el Poder Ejecutivo planificaron la Operación Soberanía desde el Consejo de Seguridad. Consiste en concentrar las fuerzas públicas en el departamento de Amambay en la frontera seca con Brasil, zona que desde hace décadas se convirtió en un territorio en donde incursiona libremente el crimen organizado.
Hay una disputa territorial en esa zona que genera fuerte impacto con los golpes de sicariatos.
El último acontecimiento fue el asesinado de la hija del gobernador, quien se encontraba con Osmar Vicente Álvarez Grance, alias Bebeto. Este supuestamente habría traicionado al Primer Comando de la Capital (PCC).
Justamente es el propietario del lavadero –anexo a la seccional colorada– donde se había realizado una asamblea del PCC y posteriormente sus miembros fueron detenidos.
Mucho antes de este atentado, el Ministerio del Interior había firmado un convenio con la Policía Federal de Brasil para la instalación de este Comando Bipartito para compartir información entre las autoridades policiales y militares, para enfrentar la criminalidad transnacional.
Desde el punto de vista operativo, se previó la instalación del esquema de trabajo que incorpora a diferentes instituciones como la FTC, las fuerzas tácticas de la Policía y la Fuerza Aérea.
Actuarán en acciones donde puedan intervenir en forma conjunta pero en operaciones separadas para enfrentar la situación hasta fin de año.
En Palacio de Gobierno indicaron que la idea es que se genere un cuerpo de acción de conjunto de las fuerzas públicas de manera permanente en la zona fronteriza.
El desplazamiento de las fuerzas públicas se coordinará con el Ministerio de Hacienda para planificar los recursos necesarios en el rubro de desarraigo.
justicia. El Ejecutivo plantea un diálogo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia para informar sobre el efecto que genera el crimen organizado y así alertar sobre lo que ocurre en la zona de frontera.
Esto principalmente ante la preocupación que existe sobre las acciones judiciales y medidas formuladas por jueces que llevan adelante casos vinculados al crimen organizado. El principal cuestionamiento es la impunidad y complicidad que existe.
