El director de Comercialización de la institución, Aníbal Roa, explicó que, por un lado, el análisis de campo determinó que el tomate nacional está cubriendo solo entre 30% a 35% de la demanda; mientras que, por el otro, se detectó una gran presencia de contrabando, lo que empezó a alterar a los comerciantes que exigían ingresar el producto de manera legal.
Roa mencionó que mediante un acuerdo firmado tienen preferencia en la “importación controlada” aquellos comerciantes que primero compren producción nacional. Entre ellos se alternan los tres permisos diarios, que representan 90.000 kilos de tomate al día, frente a una demanda de 250.000 kilos, según el funcionario. En 10 días se volverá a evaluar la necesidad de más importaciones.
Por su parte, el Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas manifestó su repudio a la autorización de importación, a espaldas de los horticultores. Exige que los comerciantes paguen por encima del costo de producción, que es de G. 3.000 el kilo.