EFE
“Es una gran noticia porque fueron muchos años de estafa y ausencia del Estado, de angustia y resignación de más de 2 millones de jubilados”, afirmó en referencia a la iniciativa legislativa promovida por su Gobierno y aprobada el pasado miércoles por el Congreso, en un texto difundido por el Diario de Cuyo.
“Detrás de cada estafa hay una historia de vida, una familia que sufre, un abuelo que se esforzó toda su vida para construir su futuro y hoy no puede vivir como merece”, agrega el mandatario.
Macri hizo hincapié en que los afectados por los desajustes del sistema de jubilaciones argentino, que se remontaban a hace dos décadas debido a que el Estado no equiparó correctamente sus subidas al aumento real del coste de vida tal y como exige la Constitución, “no pueden esperar más”.
Las irregularidades afectaban incluso a jubilados que habían litigado contra el Estado y obtenido sentencias favorables de la Justicia, no solventadas por los sucesivos Gobiernos.
“Por eso impulsamos esta ley que va a permitir que saldemos esta deuda histórica con nuestros jubilados. Porque no podíamos aceptar que el Estado abandonara a quienes más tenía que cuidar”, sostiene Macri.
“Ahora nuestra tarea es pensar en el futuro, debatir y diseñar un sistema jubilatorio que sea equitativo, justo y sostenible en el tiempo. Los argentinos eligieron un cambio y hoy estamos frente a una nueva etapa. Inauguramos una relación distinta entre los jubilados y el Estado, con un Estado que cumple sus obligaciones”, apunta el mandatario argentino.
La ley aprobada esta semana supondrá aumentos para unos 2,5 millones de personas que no recibían la retribución que debían.
La financiación saldrá del fondo de garantía de la Seguridad Social argentina y de lo que se recaude con una propuesta de blanqueo de capitales, incluida en el mismo texto.
El texto también contempla la implementación de una “pensión universal para el adulto mayor” para que todas las personas de más de 65 años que no cuenten con una prestación obtengan un ingreso mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima garantizada.
