El Ministerio de Salud derogó la medida, en vigor desde setiembre de 2020, que obligaba a los médicos y a los hospitales a notificar a la Policía que iban a realizar un aborto a una posible víctima de violación, según publicó en el Diario Oficial.
En Brasil, el aborto solo está permitido por ley en los casos de violación, cuando la vida de la madre está en peligro o el feto presenta anencefalia.
Sin embargo, en setiembre de 2020, el entonces ministro de Salud, el general del Ejército Eduardo Pazuello, publicó esa normativa que, en la práctica, sumaba burocracias y complicaba la interrupción voluntaria del embarazo fruto de una violación.
Una de esas nuevas directrices establecía que los médicos debían avisar del procedimiento a la “autoridad policial responsable”, algo que muchas veces las víctimas evitan por temor a represalias. El texto levantó en su día una enorme polémica, con condenas de líderes políticos y organizaciones internacionales de derechos humanos, y acabó siendo contestado en la Corte Suprema, que rebajó parcialmente su alcance.
Ello porque también determinaba que, antes de efectuar el aborto, debía ofrecerse a la gestante la posibilidad de ver al embrión o al feto a través de una ecografía, lo que fue anulado posteriormente por el alto tribunal.
El Ministerio de Salud, bajo la gestión de Bolsonaro, publicó esa medida unas pocas semanas después del caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser violada por un tío y cuya familia enfrentó dificultades para que se le practicara el aborto, a pesar de estar garantizado por ley.
El Gobierno de Bolsonaro, que dejó el poder el pasado 1 de enero, cuando le sucedió Lula, siempre se declaró “a favor de la vida desde la concepción”. Lula dijo en la campaña para las elecciones de octubre, que ganó por un estrecho margen sobre Bolsonaro, que es “personalmente contra el aborto”, pero que durante su mandato no abordaría el asunto, que considera competencia del Congreso.
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS. En cuanto a la tala de árboles en zonas protegidas, l anuncio fue hecho por la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, en un mensaje en las redes sociales en el que reafirmó su compromiso con la protección de las reservas de los pueblos originarios, que ocupan el 13,8% del territorio brasileño.
El decreto revocado fue publicado por Bolsonaro a finales de diciembre.
“Revocada la instrucción normativa 12 de 2022 de la Funai (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) y del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) que facilitaba la explotación de recursos madereros en las tierras indígenas”, afirmó Guajajara, la primera indígena en asumir como ministra en Brasil.
La conocida líder indígena advirtió en su mensaje que no permitirá “más retrocesos” para los pueblos originarios.
La norma revocada permitía que tanto los propietarios de las reservas como organizaciones de composición mixta, es decir, empresas con participación de indígenas y no indígenas, explotaran comercialmente madera extraída de las reservas.
La medida fue revocada el mismo día en que entraba en vigor, lo que impidió que fuera aprovechada por cualquier empresa para legalizar maderas extraídas ilegalmente de tierras indígenas.
El texto recibió duras críticas tanto de juristas y del Ministerio Público, debido a que autorizaba la explotación de territorios protegidos por la Constitución, como de grupos ecologistas, por amenazar aún más la preservación de la Amazonia, en donde están ubicadas la mayoría de las reservas.
Seguridad
Brasilia anunció el aumento del número de policías frente a la sede de los poderes públicos para reforzar permanentemente su seguridad tras el ataque del 8 de enero en la capital. Celina Leao, gobernadora interina del Distrito Federal, dijo que “de inmediato” aumentarán de 248 a 500 policías militares destacados en los alrededores de la llamada Explanada de los Ministerios y de las sedes de los tres poderes públicos, vandalizados por cientos de seguidores radicalizados del ex presidente Jair Bolsonaro.