“Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia presentada por la fiscalía”, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa ayer. La procuraduría general inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política.
Lula “sería beneficiario directo de ventajas concedidas por el Grupo OAS y, según la denuncia, tendría conocimiento de su origen en el esquema delictivo que afectó a Petrobras”, afirma el texto de Moro, basándose en los alegatos de la fiscalía. La acusación sostiene que una empresa de OAS revirtió a Lula “parte de los valores recibidos de licitaciones fraudulentas en Petrobras”. Los sobornos se transfirieron mediante la compra, personalización y decoración de un apartamento tríplex en Guarujá, en el litoral paulista. La causa involucra también a su esposa, Marisa Leticia da Silva, y a otras 6 personas. Lula siempre negó terminantemente ser el dueño de ese tríplex y proclamó su inocencia en todas las investigaciones de que es objeto, atribuyendo las acciones judiciales en su contra a un plan de las élites para bloquear su candidatura en las elecciones de 2018. Moro apuntó que “los hechos y pruebas son suficientes para la admisibilidad de la denuncia, sin perjuicio del debate contradictorio y de una amplia discusión durante el proceso judicial, en el cual los acusados, inclusive el ex presidente, tendrán todas sus oportunidades de defensa”.
Ahora, el ex presidente y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) deberá enfrentar a Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba, admirador de la operación Mani Pulite en Italia.
Lula, de 70 años, fue señalado además por la fiscalía como el “comandante máximo” del esquema de corrupción. AFP