El documento del presupuesto de la Municipalidad de Asunción además refleja que se proyecta otra venta de bienes inmuebles por valor de G. 9.292.597.000.
Estos datos resultan llamativos atendiendo a la preocupante crisis financiera por la que atraviesa el Municipio.
El año pasado, la administración de Óscar Nenecho Rodríguez intentó subastar las tierras ubicadas en General Santos y avenida Costanera, por G. 28.000 millones por hectárea.
La subasta resultó un bochorno puesto que no hubo puja de oferentes. No obstante, el pasado 4 de junio, el concejal Álvaro Grau reveló que la Administración municipal “quiere llevar nuevamente a remate las tierras de la Costanera” y que la información fue confirmada por los administradores (en ese entonces bajo la gestión de Nenecho) en una reunión en la Comisión de Hacienda.
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Grau señaló que esta medida se debe a que el patrimonio municipal se quiere vender “para pagar salarios y deudas”.
Esta intención se suma al grave riesgo que ya pesa sobre estas tierras, puesto que, según el edil, Asunción podría sufrir un “embargo” de dichos bienes.
Esto en atención al retraso en el pago a los bancos por los intereses del préstamo de G. 279.000 millones que la administración de Nenecho gestionó en 2024.
Grau sostiene que la operación crediticia es “ilegal” porque “los contratos de esos préstamos nunca vinieron a la Junta Municipal, son préstamos ilegales cuyos contratos no fueron aprobados por la Junta”.
“Pero en el documento que Nenecho había pedido a la Junta que le apruebe sacar ese préstamo, decía que iba a poner como garantía cualquier bien de dominio municipal”, aseguró.
Ante un eventual reclamo bancario, el concejal advirtió que los inmuebles a priorizar serían los que no están ocupados: “Las tierras sobre la Costanera son las más apetecibles”, dijo.
En contrapartida, el ex director jurídico Benito Torres defendió la legalidad de la operación, enfatizando que no se comprometieron de forma oculta los recursos de la ciudad.
Torres manifestó que “el sistema financiero no te va a dar un centavo si es que no está apegado al principio de legalidad, si no se tienen todas las autorizaciones”.
Además, insistió en que el préstamo solicitado a los bancos “no fue un crédito hipotecario” y que la Municipalidad actuó con prudencia: “Se pidió conformidad, no autorización.
Eso se llama prudencia administrativa, no ocultación de información”. Torres afirmó además que el 88% del crédito ya se estaba abonando.
