Sin embargo, desde el 2012 pocos han sido los avances y, al contrario, los últimos hechos conocidos a partir de la intervención de la Justicia brasileña y norteamericana dan cuenta de que no solo no realizamos las tareas que debíamos, sino que además dimos pasos atrás.
El Paraguay cuenta con organismos públicos especializados para abordar estos problemas. El Poder Judicial, que debiera actuar en consecuencia, ya que cuenta con instrumentos legales para penalizar los casos. El Poder Legislativo debería haber diseñado y aprobado con antelación las normas que requerimos para fortalecer los sistemas de control. El Poder Ejecutivo también tiene instituciones que si hubieran trabajado como corresponde, habrían detectado debilidades y eventuales casos.
Todas las instituciones funcionaron mal y no por la falta de recursos jurídicos y presupuestarios, sino por desidia. Hoy todo el país sufrirá la falta de compromiso de funcionarios públicos y políticos incapaces de ejercer sus responsabilidades o, en su defecto, de renunciar.
Quienes están a cargo de este problema deben rendir cuenta a la ciudadanía acerca de los avances, si los hubiera, y de los vacíos o problemas que enfrentan. No es posible continuar viviendo en un país que no logra salirse de los peores lugares en temas centrales para el desarrollo.
La situación actual pone al Paraguay muy lejos del país serio, seguro y predecible que se quiere vender al exterior para lograr una inserción internacional que beneficie al desarrollo. Hasta ahora, lo que estamos mostrando es que es muy fácil y de poco costo realizar negocios y transacciones ilícitas en nuestro territorio.
Las consecuencias son las ya conocidas. En lugar de recibir inversores serios, con capacidad para contribuir al desarrollo del país, atraemos corruptos, que buscan aprovecharse de las debilidades institucionales y de la impunidad.
Frente a este contexto, la estrategia es vender el país como un país barato en impuestos y en costos laborales. Y con eso perdemos más todavía. No recaudamos los recursos que necesitamos para expandir los servicios públicos y la infraestructura y, a la par, mantenemos el trabajo precario que no conduce a la reducción de la pobreza ni a la calidad de vida.
Una mala posición internacional en temas como el lavado de dinero afecta a la economía y, con ello, obstaculiza cualquier posibilidad de mejorar la vida de paraguayos y paraguayas. Los responsables deben ser castigados, tanto los que de manera directa realizaron operaciones ilegales como los funcionarios que no cumplieron los mandatos que tenían.
Los tres poderes están en deuda en este ámbito fundamental para darle al país una proyección diferente y una mejor inserción internacional. La fortaleza de las instituciones es un determinante clave del desarrollo y, en este caso, las que contribuyen a combatir los flujos ilícitos de capital.
