El subsidio a las organizaciones políticas –grandes y pequeñas– es un claro abuso de poder. Los partidos con representación parlamentaria se han otorgado a sí mismos –por ley– y a los que carecen de legisladores, aunque participen en gobiernos locales, fondos públicos para que solventen sus campañas políticas.
Si el dinero que se les entrega después de cada acto comicial fuera administrado con rendición de cuentas claras acerca de su destino, evitara efectivamente la intromisión del dinero sucio en las campañas electorales y los electores tuvieran evidencias de que fue usado a su favor a través de autoridades que están a su servicio y no de sus intereses particulares, su desembolso se justificaría plenamente. Tal cosa, sin embargo, históricamente no ha sucedido. Los partidos y demás organizaciones de tinte electoralista –salvo excepciones– no han manejado con transparencia los recursos que les fueron asignados, muchos de ellos siguieron aceptando dinero de dudoso origen y las autoridades salidas de las urnas no han honrado su compromiso de construir un mayor bienestar ciudadano.
Por eso, los 21.000 millones de guaraníes que el Ministerio de Hacienda –que obtiene fondos a través del pago de impuestos de la población– va a desembolsar este año para que el TSJE abone el subsidio electoral a los partidos Colorado, Liberal y otros, además de hacer lo mismo con la Concertación Frente Guasu y otras concertaciones y alianzas, así como movimientos locales, va a ser un nuevo despilfarro de dinero público en un país que requiere con urgencia más recursos para salud, educación, vivienda, reforma agraria y otras áreas sociales relevantes.
Si bien la Contraloría General de la República (CGR) todavía debe dar su dictamen acerca del manejo del dinero para que el TSJE pague, lo seguro es que ese paso será de mero trámite, sin que haya control eficaz alguno tal como ha ocurrido en anteriores situaciones similares.
Si no hay un retorno que implique honestidad en el uso del dinero que pertenece a todos y se traduzca en gobiernos de calidad que elevan el nivel de vida de los ciudadanos, el desembolso será legal, pero nunca legítimo. Lo jurídico alcanza su legitimidad con el respaldo de evidencias que muestran que un propósito es cabalmente cumplido.
Desde esa perspectiva, tampoco se justifica el aporte anual –que este año tiene un presupuesto de 43.000 millones de guaraníes– a las organizaciones políticas. La concesión de dinero para instituciones políticas que no contribuyen a acrecentar el desarrollo del país en todos sus aspectos tiene que ser revisada, ya que no cumple su propósito. El subsidio y el aporte estatal son, por ende, tan solo una faceta más del despilfarro del dinero de los contribuyentes.