A la medianoche, los guardiacárceles de las penitenciarias de Tacumbú, Buen Pastor y de las dos cárceles de Emboscada debían iniciar como medida de protesta una huelga para exigir a las autoridades una base salarial que esté muy por encima de lo actual, además de buscar mejores condiciones laborales.
Sin embargo, a consecuencia de un amparo constitucional promovido por el procurador general de República, Sergio Coscia, para impedir la realización de la medida extrema, los funcionarios penitenciarios decidieron acatar la orden judicial.
El documento de la acción judicial fue firmado por la jueza Penal de Garantías Rosarito Montanía de Bassani, quien ordenó la suspensión de la medida de fuerza.
El abogado Juan José Bernis, en representación de uno de los sindicatos de guardiacárceles, confirmó la suspensión de la huelga.
En ese sentido, Bernis resaltó que “consideran arbitraria e ilegal la suspensión de la huelga mediante una resolución judicial, ya que se atropella a un derecho constitucional de los trabajadores”.
Asimismo, el abogado mencionó que para impedir la realización de la medida de fuerza “las autoridades han utilizado a la Justicia para imponer una resolución que suspende un derecho de los trabajadores, utilizando argumentos inválidos”.
Por último, lamentó la actuación de la jueza que firmó la resolución del amparo constitucional. “Han suspendido la huelga y lastimosamente la jueza se prestó para eso, ya que su resolución tiene varias incoherencias”, remarcó Bernis.
En el documento, la jueza Montanía ordena el ingreso de la Policía Nacional a los recintos penitenciarios de todo el país para que realicen la labor de custodia total (externa e interna de las cárceles) y a guardias privadas de la empresa Tapití SA para el resguardo externo, en caso de que la huelga se llevará a cabo. Esto, pese a que horas antes, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, recordó que la labor de la Policía no es ser custodio de los presos. También los penales están custodiados externamente por militares.
Anteriormente la huelga se había pospuesto mediando una orden del Ministerio del Trabajo.
manifestaciones. Mirian Orrego, del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú (Sfaspnt), había precisado que unos 1.660 funcionarios penitenciarios debían iniciar la huelga a las 0.00.
Por último, resaltó el pedido de reajuste salarial de 30 por ciento del sueldo piso, que se encuentra en 2.200.000 guaraníes, además de otras mejoras salariales que pidieron los funcionarios.