El juez de Garantías Pedro Mayor Martínez concedió ayer las medidas alternativas a la prisión para los propietarios del supermercado La Bomba, que se incendió el pasado 15 de noviembre. Hubo dos fallecidos y más de 20 heridos.
Los beneficiados con las medidas son Cristóbal Lezcano, su esposa María Cristina Gómez Candia y el hijo Gustavo Lezcano, todos procesados por homicidio culposo, actividades peligrosas en la construcción, y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.
Como condiciones, el juez le aplicó la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio, a más de comparecencia mensual obligatoria ante el juzgado y una fianza de 100 millones de guaraníes para cada uno.
Los tres directivos del siniestrado supermercado fueron asistidos por la abogada Gladys Rambado. La imputación fue presentada por la fiscala María Teresa Flecha, por los citados delitos.
Los directivos indicaron que ellos asumen por completo la responsabilidad por lo ocurrido que dejó como saldo dos muertos, una veintena de heridos y cuantiosos daños materiales. Explicaron que están a punto de llegar a un acuerdo con los familiares de las víctimas.