La iniciativa fue del diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Édgar Acosta, quien tuvo el apoyo de algunos miembros de su bancada y de los partidos minoritarios Patria Querida (PPQ), Encuentro Nacional (PEN) y Hagamos (PPH).
Pero la férrea defensa cartista y abdista, más el ya acostumbrado respaldo de liberales llanistas, volcó los votos hacia el rechazo con 58 en contra del juicio y 18 a favor. Se ausentaron tres diputados y uno se abstuvo.
Acosta expuso que el mal desempeño de funciones es el motivo que sustentaba la acusación contra la fiscal general y dio cuatro causales.
La primera fue haber favorecido supuestamente al empresario cartista Karim Salum usando sus influencias para que realice la cuarentena en su domicilio y no en un albergue como establece el Gobierno para los viajeros que llegan del exterior. La segunda, la falta de investigación en la fallida obra del Metrobús, pese a las varias denuncias por irregularidades. Tercera, la masacre de Curuguaty, que tuvo una muy cuestionada actuación fiscal y que cuando el Juzgado resolvió en contra del Ministerio Público, Quiñónez denunció a los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Finalmente, la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, que hasta hoy no fue resuelta por los investigadores, dejando colgados elementos como el cruce de llamadas y quién dio la orden de disparar.
“La Fiscalía tiene la vara muy baja para imputar a poderosos”, indicó Acosta al referir que Quiñónez no puede terminar su mandato porque ya no representa a la sociedad.
Bachi Núñez, del cartismo, y Carlos Núñez, de Añetete, se expidieron en contra del juicio alegando que las acusaciones no corresponden. Derlis Maidana, también cartista, señaló que no hay documentos que respalden la acusación.
