La resolución afecta a Arturo Ramón Aquino Fretes, quien había sido condenado en juicio oral, el 10 de abril del año pasado, por los jueces Lourdes Peña, Claudia Criscioni y Blanca Gorostiaga.
El fallo fue dictado en forma dividida por los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias. El primero de ellos, votó por la ratificación de lo resuelto por los jueces en el juicio oral.
La apelación fue planteada por el defensor Público, Luis Fernando Silvera, quien solicitó la modificación parcial del fallo, y que la pena sea reducida a 5 años de encierro.
Por su parte, el fiscal Marcial Machado, al contestar el traslado, requirió que la pena sea ratificada. Esto, pese a que, en el juicio oral, había pedido 7 años de cárcel.
LOS HECHOS. Según se probó en el juicio, el 18 de enero del 2017, a eso de las 17.30, el encausado Arturo Ramón Aquino Fretes cortó el alambrado de la cerca eléctrica y trepado la muralla del patio de una casa ubicada en el barrio Roberto L. Pettit, de nuestra capital.
El acusado sacó luego la cerradura de la ventana de blíndex de la casa, ingresó al interior y se llevó una mochila roja. En la misma había 40 mil guaraníes, dos dólares, un auricular, tres celulares y un taladro eléctrico, todos de Rodrigo Cáceres.
El procesado luego salió de la casa con la mochila al hombro, pero un vecino, que fue identificado como Gerardo Arrúa, lo vio y se produjo un forcejeo entre ambos, donde Aquino intentó agredir al vecino con un destornillador, para luego escapar.
En su argumentación, el camarista Emiliano Rolón sostiene que la defensa argumenta que no existe congruencia entre la acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia. Señala que el fiscal había pedido solo 7 años de cárcel.
Según su voto, al que se adhirió Arias, por el principio acusatorio, el ente acusador (fiscal) es el que debe peticionar la dimensión de la pena. Dice que el Tribunal podría apartarse de ello, pero debe examinar ciertos parámetros para advertir al acusado, por el artículo 400 del Código Procesal Penal. Con ello, dice que los jueces no hicieron la advertencia al acusado de esto, como lo remarca la ley, por lo que no podían apartarse de la pretensión.
De esta manera, dice que se debe corregir esta situación, y no hace falta hacer un nuevo juicio oral, por lo que vota por la reducción de la pena a 7 años de cárcel, que fue la solicitada por la Fiscalía.
Arias complementa que al aumentar el tribunal la pena a la requerida por el fiscal, le priva al acusado del derecho a defenderse, pues el monto de la sanción, en caso de haberlo sabido, la defensa se hubiera opuesto.
Por su parte, el camarista Ortiz Barrios considera que la pena aplicada es justa, por lo que vota por la confirmación del fallo.
