Una de las reuniones de auditoría ciudadana a los papeles de la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez fue visitada por la Policía Nacional y Municipal. Los uniformados pidieron conocer las cédulas de los asistentes e incluso montaron guardia en la esquina de la residencia en la que se realizó el encuentro, según denunció Johanna Ortega.
Los encuentros abiertos a personas que quieran analizar los documentos de la Municipalidad de Asunción son encabezados por Ortega, ex candidata a la intendencia de Asunción, quien solicitó la información pública a la Comuna y logró que se dieran a conocer el pasado 5 de octubre, vía amparo, las facturas y contratos de compras de marzo a diciembre del 2020.
En la última cita, agentes de la Policía Nacional y Municipal se apostaron frente a la residencia a solicitar datos de los asistentes y consultar sobre el motivo de la reunión, según mencionó Ortega.
“Denunciamos públicamente y la policía se retiró y pudimos desarrollar nuestra reunión”, compartió y explicó que a varios asistentes se les solicitó el documento de identificación y consultó sobre la naturaleza de la convocatoria.
“Efectivamente lo que querían eran los documentos de las personas que estábamos en la reunión, no les permitimos y se retiraron, dejaron guardias en la esquina, que eran dos guardias de la Policía Municipal, que estaban ahí en una moto”, compartió.
La joven enfatizó que hasta el momento ninguna autoridad respondió a la situación o dio explicaciones por lo sucedido. Los encuentros para el análisis de los documentos se seguirán llevando a cabo periódicamente; la próxima invitación es para el lunes 1 de noviembre, en lugar a definir.
“Llamé a la comisaría y no nos atendieron. Esta vez lo dejamos pasar, pero si se repite vamos a recurrir a las instancias correspondientes”, sentenció Ortega.
ACCIONES POR DESACATO
Ayer, Johanna Ortega realizó el pedido de urgimiento ante el juzgado, para que se expida sobre el desacato, por incumplimiento de una orden judicial en la que se encuentra aún la Municipalidad de Asunción, que todavía no compartió la totalidad de los documentos del gasto del rubro 831 de Aportes a sociedades con fines sociales y de emergencia Nacional y Municipal.
Al respecto, Ortega puntualizó que se espera que la jueza Marcela Fernández se expida en los próximos días. “No existe un plazo para la respuesta de la jueza, pero según me compartieron mis abogados, normalmente se responde en unos dos a tres días”, destacó.
En tanto, hoy vence el plazo impuesto por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que espera que unas cinco proveedoras demuestren trazabilidad de sus compras para satisfacer los pedidos de las adjudicaciones de la Municipalidad de Asunción. En este sentido, otras cinco empresas siguen con la medida de bloqueo de RUC por no acercar la documentación respaldatoria de las operaciones con la Comuna. Una de ellas continúa firmando contratos por compra directa con distintos entes del Estado, incluso con la sanción vigente de la SET.
A los sobrecostos denunciados ante el Ministerio Público se suman las inconsistencias de las informaciones brindadas por las empresas con direcciones que no pudieron ser encontradas.
