Fue el escándalo más sonado de todos los presuntos hechos de corrupción detectados en el marco de la pandemia, el que ha tenido directa incidencia en que no se puedan equipar debidamente los hospitales públicos y que tengamos actualmente una saturación del sistema sanitario, con gran aumento de contagios y fallecimientos. Por eso resulta llamativa la excesiva demora de los investigadores en producir resultados.
Ningún vuelo había sido tan esperado como el del carguero que debía llegar de Hong Kong, China, en la segunda semana de abril, con parte de una compra de 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 160.000 trajes de protección biológica, 1.700.000 máscaras N95 y 50 camas hospitalarias que el Ministerio de Salud adjudicó en forma directa a Eurotec e Imedic, vinculadas al denominado clan Ferreira, presupuestados en 150 millones de dólares, en el marco de la Ley de Emergencia.
Cuando el avión llegó el 18 de abril, ya estaban instaladas las primeras denuncias de serias irregularidades. Habían saltado otros escándalos de presuntas compras fraudulentas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y en Petróleos Paraguayos (Petropar), provocando la renuncia de sus titulares Édgar Melgarejo y Patricia Samudio, luego imputados por lesión de confianza.
Tras revelarse más detalles, la carga china debió ser rechazada porque no cumplía con los requerimientos médicos solicitados. Un informe de la Contraloría aseguró que la adjudicación estuvo viciada de irregularidades “en todas sus etapas”.
Otro informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras confirmó que se montó un esquema delictivo para compras fraudulentas con dinero del Estado, observando que no hay consistencia entre las fechas de designación del Comité de Evaluación del Ministerio de Salud y el inicio del trabajo de sus miembros, quienes suscribieron el acta de una compra previamente decidida. Se comprobó que gran parte de los equipos supuestamente de alta seguridad fueron traídos sin marcas, despachados en Aduanas y recién después se les colocaron las etiquetas.
A pesar de todo, la Fiscalía sigue sin imputar por tentativa de estafa a directivos de las empresas, reforzando la sospecha de que existen nexos con el poder y que desde altas esferas se brinda protección a los responsables para favorecer a la impunidad de todo un esquema delictivo.
Una situación que contradice a todos los discursos de presunta lucha estatal contra la corrupción.