Interior

Litigios judiciales impiden cumplir a fundación con sus fines sociales

Varios son los juicios civiles y penales iniciados desde el 2014 con relación a las tierras y los cultivos extensivos, entre la fundación Francis Perrier y los hijos de su creador.

La Fundación Francis Perrier, con sede en el distrito de Tavapy, lleva más de 7 años sin poder cumplir con sus fines sociales debido a las trabas judiciales, sociales y presiones políticas, que impide a la institución a recuperar la posesión sobre un inmueble de 1.798 hectáreas.

Varios son los juicios civiles y penales iniciados desde el 2014 con relación a las tierras y los cultivos extensivos, entre la fundación y los hijos del creador de la fundación, según los antecedentes.

La institución logró el último fin de semana una orden judicial de intervención y embargo, firmada por la jueza de feria Alba Meza, con la que pretende recuperar cerca de 5 millones de dólares estadounidense presuntamente perdidos durante las 6 zafras desde el año 2017, en las que no pudo acceder al inmueble y sus frutos, según la abogada Dilma Díaz. De la totalidad de tierras, son 936 hectáreas el área de cultivo.

La magistrada dispuso la intervención judicial, prohibición de innovar y secuestro de granos a favor de la fundación, contra los supuestos usurpadores, identificados como Luciano Esteban Perrier y sus arrendatarios Marcio Ivair Lautenchlager y Lucas Lautenchlager y el ingeniero César Antonio Santacruz. La orden judicial se firmó como medida cautelar, en el marco de un juicio de indemnización de daños y perjuicios, percepción de frutos y restitución de frutos, a ser presentado contra Luciano Esteban Perrier, de acuerdo con el escrito judicial.

Luciano Esteban, uno de los hijos desheredados de Francis Perrier, tomó posesión y arrendó a terceros las tierras desde el año 2014, conforme a la versión de la abogada. Otros hijos se limitan a la pelea judicial, pero no llegaron a ocupar el inmueble.

CORRUPCIÓN. “El mayor inconveniente que enfrenta la Fundación es tener que defenderse en un país como el nuestro, con mucha corrupción en el Poder Judicial, desidia y falta de honestidad”, afirmó la abogada. Reveló que en consecuencia la fundación que tuvo que cortar sus aportes a una escuela ubicada en Tavapy, a la comunidad indígena Aché de Puerto Barra Naranjal y las becas a estudiantes de una Escuela Agrícola, porque no tuvieron más ingresos, luego de ser despojados de las tierras.

Días sostuvo que la jueza Maricel Meaurio, por ejemplo, esperó 6 meses para informar al fiscal Orlando Quintana con relación a una denuncia de desacato judicial. “Ella aparece en las redes sociales como amiga de nuestra contraparte”, relató. También denunciaron invasión de inmueble que no avanzó y un caso de delitos contra el medioambiente, en el que, si hubo imputación, conforme a su versión. “Las órdenes judiciales siempre existieron, pero la Policía fue impedida por presiones políticas para acompañar los desalojos. Luego, los usurpadores aparecen en vídeos agradeciendo a Javier Zacarías por el apoyo”, afirmó la profesional. “La abogada Mónica Seifart, actual asesora de la Presidencia también estuvo hasta el año pasado como abogada de una de las hijas desheredadas”, dijo la abogada.

La propiedad fue invadida en 5 oportunidades por campesinos sintierras, vecinos del lugar. En ese contexto, la senadora Zulma Gómez había intentado la expropiación del inmueble, pero no prosperó.

DENUNCIA. Los defensores de la Fundación Francis Perrier presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía de Santa Rita, esta vez por un supuesto caso de favorecimiento de deudor y acreedor en colusión. En ese sentido señalaron que Luciano Esteban Perrier simuló un supuesto contrato de arrendamiento con el ingeniero César Antonio Santacruz y otros, para conseguir otra orden judicial y secuestrar los granos, sobre deudas contraídas con la multinacional Cargill. Las maquinarias llegaron a trabajar 24 horas, pero luego la Policía impidió que sigan cosechando debido a la existencia de dos órdenes judiciales.

Emiliano Ortiz, abogado de Cargill, señaló que se había constituido el sábado último al inmueble porque la firma agrícola tenía una orden judicial de intervención y secuestro sobre 2.500 toneladas de soja, por las deudas contraídas por los arrendatarios. “Nos enteramos que la jueza Alba Meza firmó la resolución de intervención y embargo el último día de la feria judicial, sobre un pedido de medida cautelar presentada una hora antes del horario de salida”, sostuvo Ortiz. “Yo me constituí a la finca para hacerle saber que teníamos el privilegio, porque la firma tiene una prenda con registro. La empresa tiene todas sus operaciones documentadas”, afirmó el abogado. La orden judicial favorable a Cargill había sido firmada por la jueza de feria Guillermina Ramírez.

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