La nómina de funcionarios permanentes que reveló ayer el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en el marco de una ola de transparencia en las instituciones públicas, sacó a luz que clanes familiares completos se instalaron en la institución.
Uno de los casos más llamativos es el de la familia Cuenca, donde al menos cuatro miembros trabajan como funcionarios nombrados y suman al mes más de G. 20 millones en concepto de ingresos (ver infografía).
La familia está integrada por Norma Elizabeth Cuenca Torres, una antigua funcionaria que ocupó el cargo de directora de Recursos Humanos. La misma actualmente está nominada en la categoría de directora general con salario neto de G. 5.863.536, ya descontado el aporte jubilatorio.
Según fuentes del ente agrario, a través de la mujer ingresó su marido Carlos Manuel Samudio Carrillo, quien se desempeña como jefe del Departamento de Tesorería. Además, sus hermanos Sttella Mary Cuenca Torres y Juan Marcelo Cuenca Torres, con salarios netos de G. 4.887.607 y G. 5.188.722 respectivamente.
Las mismas fuentes relataron que también la madre de los mismos explota una cantina dentro de la institución, por la cual no paga ningún canon.
Otro de los empleados que tiene a sus parientes dentro del ente agrario es el actual gerente general, ingeniero Víctor Chamorro. Allí trabajan su prima, Graciela Chamorro Orué, que es asesora jurídica del Departamento de Obras de Infraestructura, donde Víctor fue gerente en el pasado.
Uno de sus sobrinos, Máximo Fernando Barreto Chamorro, también es funcionario permanente con un salario de G. 3 millones. Actualmente se encuentra de permiso con goce sueldo, porque está cursando una beca en el extranjero.
No faltan además los esposos que se desempeñan en un mismo departamento, cosa que se da por ejemplo en la asesoría jurídica y el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (Fides).
En el primer caso llevan los casos de la institución los abogados María Elena Torres y su marido, José María Parra Prieto, así como María Elena Picardo y su marido Roberto Pérez. En el caso del Fides, el actual director es Carlos Aníbal Barchello y oficia de secretaria su esposa Liz Guadalupe Galarza.
También se dan casos donde los padres tramitan fuentes de trabajo para sus hijos.
El director de la Oficina Regional de Alto Paraná, Walter Lugo, tiene a su hija Milena Tamara Lugo trabajando como secretaria de la Gerencia de Planificación.
Lo delicado de este tipo de casos es que familiares y amigos logran excelentes oportunidades laborales, sin tener en cuenta sus aptitudes y capacidades para ejercer el cargo al cual fueron asignados, además de no cumplir con los concursos establecidos como condición por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Algunos nombramientos se configuran dentro de los delitos de tráfico de influencia y nepotismo. En este sentido, el Indert tiene que verificar si los salarios, las bonificaciones y los gastos de representación son compatibles con los cargos ocupados.
En total, la institución tiene 467 funcionarios permanentes, recibió a 27 personas comisionadas y fueron comisionados cuatro trabajadores desde el Indert a otros entes.
El presidente, Justo Cárdenas, cobra un total neto de G. 14.612.942 por mes. Percibe más por bonificaciones (G. 8.643.360) que su sueldo (G. 7.953.000). También tiene un pago por grado académico de G. 800.000 y se le descuenta un aporte jubilatorio de G. 2.783.418. Los directores generales cobran entre G. 7.800.000 y G. 4.000.000 netos por mes.