La ley de drogas es implacable con las mujeres que son procesadas por consumo, posesión de drogas o microtráfico. Un estudio hecho por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revela que del total de personas que cayeron con droga, más del 55% pertenece a la población femenina.
Del general de la población de mujeres que fueron sometidas a penas carcelarias bajo la aplicación de la ley de narcotráfico, más del 80% es madre y sostén de la casa. Dentro de esta normativa no existe la figura de medidas alternativas a la prisión, lo que genera que, al instante, las mujeres, en este caso, sean ingresadas al sistema carcelario dejando a sus hijos a la deriva. La mayoría, con el tiempo, es víctima de abuso sexual.
El Mecanismo decidió compartir un estudio detallado de esta realidad a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, aprovechando que el parlamentario Éber Ovelar decidió conformar una mesa interinstitucional para modificar la Ley 1340, de drogas. Hoy, el estudio pasa a tener estado público.
“Decidimos presentar la realidad de las mujeres privadas de su libertad. Queremos mostrar cuál es el perfil de ellas, el costo social que tienen que afrontar al estar recluidas. Más del 80% es madre. Antes de ir a la cárcel no tenía trabajo, vivía en situaciones de exclusión social y otra vez es sometida a una pena dura”, explicó Diana Vargas, del Mecanismo.
A su criterio, y según un respaldo analítico, la política legislativa debe tener una perspectiva de género para que se vea el impacto diferenciado de acuerdo con cada caso. La diferencia en el tratamiento de los casos de hombres y mujeres es muy grande. Es una tendencia que se repite en la región, y somete con “mano dura” a quienes se encuentran en los eslabones más débiles bajo una ley que viene de la década de los 80.
“Apostamos por reformas legislativas que reconozcan y promuevan medidas legislativas diferenciadas, teniendo en cuenta a mujeres embarazadas, madres en general o quienes tienen a su cargo personas de la tercera edad. La idea es que se trate de analizar la posibilidad de una medida alternativa a la prisión de acuerdo con el caso, una medida que no existe dentro de la ley de drogas”, precisó Vargas a ULTIMAHORA.COM.
Otra alternativa es que la ley permita una expectativa de pena menor, con otro tipo de medidas a la prisión, de modo a que el impacto social de encarcelar a mujeres no choque y deje de causar más desorden a nivel regional, teniendo en cuenta que muchas mujeres son jefas de hogar.
“El objetivo debe ser redireccionar la lucha contra el narcotráfico. Planteamos que adoptemos una guía para reforma de políticas en materia de lucha contra las drogas. Que se analice la situación de sus hijos, no sobre su situación penal. Muchos niños son víctimas de abuso. Los estamos exponiendo a una generación que crece sola, sin sus madres”, refirió.
El estudio del Mecanismo fue hecho entre el 2015 y el 2016 sobre la realidad de mujeres privadas de libertad. Hasta ahora, la ley permite que una mujer críe a sus hijos dentro de la cárcel hasta los 4 años; muchas veces en condiciones lamentables. Las autoridades de Diputados muestran apertura para analizar la realidad, precisó.
