Con el argumento de que precisaban estudiar mejor, los senadores resolvieron ayer postergar el estudio de dos de los proyectos que forman parte del paquete antilavado.
Uno es por el que se crean juzgados penales de garantías, ejecución penal, tribunales de sentencia y tribunal de apelación penal especializados en lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, finamiento del terrorismo, corrupción y crimen organizado. El otro proyecto es por el cual se modifica el artículo 46 de la Ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados.
Hoy continúa el análisis de las propuestas del paquete de leyes antilavado. El primer punto a tratar tiene que ver con las modificaciones planteadas por el Ejecutivo a la Ley 1015, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Estas modificaciones son planteadas por la Seprelad, luego de que haya retirado el proyecto por el cual se crea la Secretaría de Inteligencia Financiera y de esta forma se plantea modificar 16 artículos de la ley vigente.
Mediante las modificaciones se crean nuevos sujetos obligados, lo cuales deberán registrar y verificar por medios fehacientes la identidad de sus clientes, habituales o no, en el momento de entablar relaciones de negocio así como de cuantas personas pretendan efectuar operaciones.
“Entre los nuevos sujetos obligados se introduce a profesionales como abogados que tenemos el conflicto del secreto profesional”, es una de las críticas que ya recibió el nuevo proyecto, de parte de Guillermo Duarte, asesor del PPQ.