La figura se llama “deber de abstención”, y fue muy discutida como norma ética este año cuando fueron tratados proyectos sobre subsidios a combustibles de emblemas públicos y privados, ya que decenas de diputados colorados son propietarios de estaciones de servicio como Petropar y otros del sector privado.
El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo señala en su artículo 20 que “para los casos en los que la legislación no prevea regímenes especiales de excusación, recusación o abstención, el funcionario público deberá abstenerse de tomar intervención directa o indirectamente”.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González explicó que este punto del proyecto es de suma importancia. “Tenemos un artículo muy importante que habla del deber de abstención, que hace que por ejemplo los legisladores tengamos que reservarnos y excusarnos, sería como una especie de recusación o excusación de tomar una intervención directa o indirecta en asuntos que comprometan nuestra imparcialidad a la hora de decidir”, manifestó Kattya.
La ley detalla que ningún funcionario podrá intervenir en asuntos “relacionados con contratos, proyectos, negociaciones o cualquier otro asunto al cual hubiera estado vinculado antes de ingresar a la función pública, hasta cumplidos tres años desde que haya cesado su relación con dicha cuestión”.
En el proyecto se contempla también un mecanismo de denuncia en caso de que alguien sea testigo de un caso de conflicto de interés.
Igualmente, se prevé que cualquier persona pueda solicitar el apartamiento del funcionario en conflicto, ante la autoridad de aplicación. “La solicitud de apartamiento también podrá ser realizada ante la máxima autoridad del órgano o ente en la que se desempeña el funcionario respecto del cual se formula la solicitud”, indica la norma.
El proyecto de ley “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública” tiene gran resistencia del movimiento Honor Colorado y esta será la gran traba que se deberá superar en Diputados.
La figura de conflicto es “la puerta giratoria”, regulada por este proyecto, que ocurre cuando un alto funcionario va a trabajar a una empresa privada llevando información privilegiada que le da beneficios. El grupo empresarial del ex presidente Horacio Cartes es reconocido por abusar de esta ventaja, tanto que varios de sus ex ministros pasaron a ser gerentes de sus emprendimientos. Se establece que el funcionario que sale de la función pública no podrá trabajar por un año en un sector relacionado con el mismo interés.
Principales puntos
Declaración jurada de intereses. Se deberá presentar ante la Contraloría entre los 15 días de asumir el cargo y del cese.
Puertas giratorias. El funcionario tiene prohibido hasta un año de haber salido de la función pública trabajar o proveer servicio en el sector privado en el rubro relacionado con su anterior función.
Deber de abstención. El funcionario deberá excusarse de intervenir en asuntos relacionados con sus intereses.
Conductas prohibidas. Se establecen varias prohibiciones, entre ellas, que el funcionario realice actividad laboral en el sector privado en el ámbito sobre el que tenga algún tipo de atribución.
Sanciones. La ley establece sanciones para cada tipo de funcionario.
