También denunció que el personal técnico de las empresas recibió amenazas y agresiones de vecinos de localidades donde se encuentran instaladas antenas de telefonía móvil, quienes actuaron impulsados por falsas teorías con relación a efectos adversos sobre la salud humana ocasionados por estas antenas.
“Un caso especialmente grave sucedió el viernes 22 del corriente en Azotey, Departamento de Concepción, donde una instalación de telefonía móvil ha quedado fuera de servicio luego de ser incendiada. Amenazas de hechos criminales similares se han registrado en localidades como Yby Yaú, Santa Rosa del Aguaray y Presidente Franco”, reza parte del comunicado.
A raíz del evento ocurrido en Azotey, además de la ya citada instalación de telefonía móvil que quedó fuera de servicio, otras cinco instalaciones que brindan servicio en la zona, como consecuencia de la afectación de la primera, quedaron igualmente fuera de servicio, dejando incomunicados a miles de usuarios.
La Cámara recuerda que los servicios de telecomunicaciones juegan un rol fundamental en medio de la crisis causada por el Covid-19, permitiendo acercar digitalmente a las personas con sus seres queridos, sus trabajos, proyectos, estudios, emprendimientos; así como también con los profesionales de salud y autoridades. Incluso, las billeteras electrónicas de las diferentes operadoras están facilitando las transferencias de subsidios del Gobierno, por lo que nada de esto sería posible sin antenas de telefonía móvil.
Por lo expuesto, los operadores de telefonía móvil manifiestan que no podrán garantizar la prestación de sus servicios en aquellas localidades donde se produzcan hechos vandálicos contra sus instalaciones y advierten que se tomarán todas las medidas legales contra quienes dañen las infraestructuras.
