Paraguay se sumó a la declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas –dispuesto por la ONU en este 2019, a través del Decreto del Ejecutivo 1075–. El llamado del organismo internacional advierte del peligro de extinción de muchas de las lenguas en el mundo y pide medidas urgentes de salvaguarda. Para ejecutar localmente el plan se conformó una Comisión Nacional. Hasta ahora todo está en planes vinculados a actos oficiales, formales, literatura, lanzamientos, puestas culturales, etc., etc. Nada concreto que realmente permita garantizar y salvar algo, solo museo lingüístico.
Toda la construcción del universo material y espiritual indígena (arte, cultura, economía, política, cosmovisión, religión, etc.), está indisolublemente atada a la tierra y al territorio. Sin estos dos elementos centrales, fundamentales y fundantes, no puede existir más nada. Cualquier búsqueda de cuidado, revitalización, salvaguarda, de las lenguas nativas, debe partir por asegurar el tekoha de los diversos pueblos. La formalidad oficial solo apunta a: escaparate, maquillaje, inauguraciones destacadas y nada.
La realidad de los 19 pueblos indígenas del Paraguay (unas 115.000 personas, censo 2012) –y sus casi 800 comunidades rurales, selváticas y urbanas– es crítica, marcada por carencias casi sin excepción. En estas circunstancias, la mayoría de ellas tiene algún tipo de problema de tierra y territorio. O se las usurparon, esquilmaron, no les son restituidas o el Estado simplemente hace oídos sordos a sus requerimientos.
El 61% de los casos de ocupación irregular y alquiler de tierras para cultivo extensivo se da en propiedades colectivas indígenas (Base IS), con lo que su lugar de vivencia se reduce ostensiblemente. A esto debemos sumar que el 30% de las áreas hasta hoy utilizadas para asentamientos de comunidades enfrenta dificultades sobre la posesión de ellas y el Estado no articula ningún mecanismo para garantizarlas.
El problema viene desde la década de los 70 (bajo la dictadura de Stroessner) cuando se produce la acelerada extranjerización del territorio paraguayo, vendiéndose miles de hectáreas con comunidades indígenas incluidas. Ese proceso fue empeorando últimamente con la complicidad de los gobiernos sucesivos y el agronegocio.
Las comunidades que sí tienen seguridad sobre sus tierras enfrentan el reducido volumen de ellas que se transforma en inseguridad, y desprotección física y alimentaria, e instala la incertidumbre sobre su continuidad en el lugar, asediados por sojales, otros rubros y la acelerada desertificación por la agresiva deforestación que ejecutan consorcios y empresarios para el cultivo extensivo e intensivo.
Desde siempre el Estado –los gobiernos– violan lo que dispone la Ley 904 de garantizar 20 hectáreas de tierra por familia indígena en la Región Oriental y 100 hectáreas en la Occidental. Esta situación se agrava cuando esas ya de por sí pequeñas parcelas no están en su totalidad tituladas, lo que impide a sus pobladores contar con una seguridad de vida. A esto se suma la dificultad del acceso a tierras ancestrales que están ocupadas o aún en poder legal de terceros.
Hoy existen 6 lenguas indígenas en peligro de extinción (manjui, guaná, angaité, sanapaná, tomárãho e ishir), y bajo amenaza las 5 variantes del guaraní indígena (avá, mbya, aché, paï y occidental) por la progresiva incorporación del guaraní paraguayo. Las demás se hallan en diversos estados de marginación y afectación.
La mejor manera de proteger las lenguas indígenas es devolviendo sus tierras y territorios a los diversos pueblos. Sin eso, solo se las seguirá condenando a la extinción.
