La imperiosa necesidad de la ciudadanía ya generó una rápida y sospechosa reacción justamente de quienes no han sido capaces de gestionar con eficiencia e integridad este imprescindible servicio público. Esta semana señalaron la necesidad de invertir unos 1.000 millones de dólares, monto que provendría de nuevos endeudamientos.
La obra pública financiada con deuda se convirtió en un mecanismo de enriquecimiento de un sector minoritario de la población integrado por políticos y empresarios que convierten la desesperación de la gente en un fructífero negocio.
La debilidad institucional para gestionar las compras públicas, desde el diseño de los llamados a concurso hasta el cumplimiento de los contratos, la vigencia de conflictos de intereses y puerta giratoria en las oficinas gubernamentales y la impunidad en el Poder Judicial crean el escenario perfecto para inventar un nuevo negocio multimillonario que termine teniendo alto costo para la ciudadanía.
Las autoridades deberían mostrar capacidad para gestionar los recursos disponibles antes de solicitar cifras multimillonarias que la población terminará asumiendo, empezando por el control de la criptominería y el cobro de una tarifa que recupere sus externalidades negativas, como la contaminación ambiental local y los impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima.
El alto consumo de energía eléctrica por parte de la criptominería reduce la disponibilidad de este recurso para el resto de la comunidad, obligando a usar otras fuentes de energía basadas en combustibles fósiles o presionando al aumento de inversiones que terminan siendo financiadas por toda la población con la consecuente presión sobre las tarifas o los impuestos.
Las externalidades negativas de esta actividad están generando incluso en algunos países un debate sobre la necesidad de incluir un impuesto especial que financie las políticas de mitigación de los daños que genera. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también debería informar sobre la situación fiscal de esta actividad. Una tesis realizada en Paraguay señala que se podrían estar perdiendo unos G. 100.000.000 al año por cada 50 máquinas de minería de bitcoin.
A este problema, relativamente nuevo, se agregan las pérdidas por conexiones clandestinas de grandes emprendimientos, además de las criptomineras. ¿A cuánto debería bajar la necesidad de deuda si la ANDE cobra las tarifas que debería y reduce su ineficiencia por las pérdidas? Antes de solicitar más créditos, la ciudadanía tiene derecho a conocer el costo de la ineficiencia y el plan para combatirla.
Un plan de inversión debe incorporar como fuente de financiamiento el cobro de tarifas adecuadas de acuerdo con los beneficios privados que genera el uso de la energía y las externalidades negativas de las actividades.
Se deben evaluar todos los subsidios y a quiénes benefician, especialmente los de alto impacto fiscal, a los sectores de mayores ingresos. Además, el plan debe incluir la reducción de la ineficiencia por conexiones clandestinas de cualquier sector económico de alto consumo.
El tamaño de las pérdidas que se publican con cada intervención son inconcebibles. Cuando llega la intervención es tarde y muestra la incapacidad para prevenir el delito.
Hay mucho por hacer en este ámbito antes de seguir planteando nueva deuda. Las autoridades deben crear confianza mostrando la realidad.