Durante el último año un total de 1.634 personas fueron ejecutadas, un dato que supone la cifra más alta que recopila AI desde 1989 y que representa un aumentó de 573 muertes con respecto a 2014, cuando se llegó a 1.061.
El aumento global de esta cifra se debió a tres países, Arabia Saudí, Irán y Pakistán, que fueron responsables del 89 % de todas las ejecuciones que se llevaron a cabo en el mundo en 2015, sin incluir a China.
Otra cifra preocupante la constituye el incremento del número de países que cometieron esta práctica, que ha pasado de 22 estados en 2014 a 25 en 2015.
Entre los tres nuevos países que hicieron repuntar esta cifra se encuentra Chad, que el pasado agosto fusiló a 10 presuntos miembros del grupo terrorista Boko Haram, tras 12 años sin realizar ninguna ejecución.
Para la directora del estudio, Audrey Gaughran, 2015 fue un año de extremos, al dejar “tanto buenas como malas noticias”.
A pesar del incremento de condenas a muerte, Gaughran afirmó en una rueda de prensa que “por primera vez la mayoría de los países del mundo, 102, abolieron por completo la pena de muerte”, después de que este año cuatro estados (Fiyi, Madagascar, República del Congo y Surinam) la eliminaran de su legislación.
A este grupo de países, se le sumará en breve Mongolia tras la aprobación de un nuevo código penal que entrará en vigor este año y que terminará con la pena de muerte.
En total, más de la dos terceras partes de los países del mundo, en concreto 140 estados, han abolido en ley o en práctica este tipo de condena.
En 2015 se registraron al menos 1.998 sentencias de penas de muerte en 61 países, lo que supuso una reducción respecto a 2014, cuando se dictaminaron 2.466 penas en 55 estados.
Dentro de las 1.643 ejecuciones no se incluyen las cifras de China, ya que el gobierno trata estos datos como secreto de Estado, aunque AI estimó que “miles de personas” fueron ejecutadas el año pasado en ese país.
El gigante asiático lidera la clasificación de los mayores ejecutores de los últimos doce meses, seguido por este orden de Irán, Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos.
Teherán, que ejecutó al menos a 977 personas en 2015 frente a las 743 del año anterior, es uno de los países que aplicó la pena de muerte a acusados que eran menores de edad en el momento del presunto delito, con lo que infringió el derecho internacional, según el organismo.
Por su parte Pakistán envió a la horca a más de 320 personas y en Arabia Saudí el número de ejecuciones por métodos como la decapitación se elevó un 76 % respecto a 2014.
Estados Unidos fue en 2015, por séptimo año consecutivo, el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones, en concreto 28, la cifra más baja desde 1991.
La experta en pena de muerte, Chiara Sangiorgio, explicó que “los gobiernos aluden al mantenimiento de la seguridad nacional para justificar la pena de muerte”.
“Sin embargo, creemos que lo hacen para obtener una respuesta emocional de los ciudadanos más que para hacer la sociedad más segura”, apuntó.
También denunció que en muchos países se vulneran las normas internacionales de juicios justos, al valerse de torturas o amenazas para obtener confesiones que derivan en la pena de muerte.
Sangiorgio denunció que hay países que aplican esta condena para “crímenes de drogas, relacionados con dinero o adulterio” y que “nada tienen que ver con crímenes de muerte”, los únicos sobre los que la ley internacional permite utilizar esta práctica.
Se refirió también a Bielorrusia, único país de Europa que se vale de esta medida -si bien en 2015 no ejecutó a ninguna persona- para remarcar que el viejo continente “debe hacer frente a retos” que terminen con estas sentencias.
