Pese a que ya tiene más de 6 meses de haber sido promulgada, la Ley de Alianza Público-Privada (APP) continúa siendo objeto de discusiones entre los sectores que la apoyan y los que la rechazan, aduciendo que da superpoderes al Poder Ejecutivo, que ya no consultará con el Legislativo para ejecutar los proyectos.
Recientemente, en la 44 Asamblea General de la OEA, el tema fue debatido por los Estados miembros. Casi todos coincidieron en que la APP es una herramienta válida para generar desarrollo integral, inclusión social y disminuir la pobreza.
En una entrevista mantenida con ÚH, Christian Leffler, director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (UE), ratificó que las APP tampoco fueron bien vistas al principio (hace 7 años) en el continente europeo. No obstante, señaló que ahora es una práctica común en la mayoría de los países y ha dado excelentes resultados para acompañar el progreso económico.
Agregó que es más utilizada en los grandes proyectos de infraestructura (de transporte o energética).
John Baird, ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, también concedió una entrevista y, comentando la experiencia de su país, expresó una frase bastante conocida por los paraguayos: “El Estado ya no tiene suficiente dinero para encarar todas las necesidades en infraestructura”. Acotó que las obras de infraestructura deben hacerse para el interés público.
Da mucho que analizar el hecho de que el país americano menos corrupto del planeta (figura en el top ten de las naciones con menos corrupción), que goza de la protección y simpatía de la Corona Británica por formar parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), admita que el Estado ya no tiene presupuesto para grandes obras y debe formar alianzas con empresas privadas.
Miro a Paraguay y veo pésimas rutas, caminos que se convierten en trampas mortales, inundaciones y despilfarro de dinero en entes públicos, más el festín derrochador del Congreso. Reclamos de ciudadanos por doquier y el Estado tan impotente como incompetente, cuyos referentes solo se preocupan de los más necesitados en las campañas electorales.
Es normal que tengamos miedo de la APP, miedo a que los servicios se encarezcan y sigan siendo pésimos. Pero también me atemoriza que los gobernantes recurran a la clásica excusa de que no hay dinero para hacer las obras, porque el Estado no recauda, ya sea por ineficiencia fiscal o sencillamente porque la plata va a los bolsillos de los gobernantes de turno.
Y la APP, si la ley no se deroga, va mucho más allá del gobierno de Cartes. Estará disponible para el que asuma. Solo recuerdo que el Gobierno de Lugo, en un momento dado, también quiso privatizar el aeropuerto. Así que se deberían analizar los cuestionamientos que hace la izquierda.
En conclusión, tal vez las APP puedan ser las armas del diablo, de muy doble filo, pero evidentemente depende del diablo (sector público) darles uso. Temo mucho más al statu quo, a seguir careciendo de infraestructura, sufriendo inundaciones y muertes por la inutilidad estatal.