Es que los artículos 67 y 68 de la ley 3742/09 de control de productos fitosanitarios de uso agrícola, prohíbe estas prácticas, por ejemplo a 100 metros o en forma aérea a menos de 200 metros de los centros escolares, calificando esta práctica como un delito.
La iniciativa surge de Base Investigaciones Sociales (Base IS), la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Federación Nacional Campesina (FNC), y otras organizaciones. Cuentan con el apoyo de Diakonia y de la Unión Europea.
“Las instituciones públicas responsables deben proteger a las escuelas, garantizar el derecho a la educación y a la salud y hacer cumplir las leyes vigentes desde su rol institucional”, expresó Javier Ramírez, coordinador ejecutivo de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes).
Una investigación del INECIP Paraguay, detectó que casi 100 escuelas están expuestas al peligro de las fumigaciones con agrotóxicos arriesgando la vida de más de 8.600 escolares y 1.100 docentes.
La investigación forma parte del libro Escuelas Rurales Fumigadas del Paraguay, publicado recientemente por la organización Base Is.
