“Había un total descontrol administrativo. Los cajeros trabajaban por su cuenta, el tesorero y el director administrativo también. No existía método de control, todo se evadía. En la rendición aparecía un monto, sin embargo, en el sistema figuraba otro monto por ingresos de todos los conceptos”.
Así describió el interventor de Lambaré, Amancio Rivas, al funcionamiento de la municipalidad al frente del intendente Armando Gómez, separado actualmente del cargo hasta que finalice la investigación. “Las anulaciones de facturas de pago se hacían a partir de las 10 de la noche en adelante. Algunas a las 2, 3 y hasta las 4 de la madrugada. El sistema era totalmente vulnerable. El contribuyente se acercaba al municipio y pagaba su impuesto, pero, al día siguiente o luego de tres o cuatro días se anulaban los pagos, aquellos de grandes montos sobre todo”, detalló el interventor.
Por citar un ejemplo, mencionó el caso de un empresario que presentó su factura en la que constaba el pago de G. 80 millones por impuesto, sin embargo, su aporte no figuraba.
Rivas indicó que se trata de cerca de 12 funcionarios, del área administrativa principalmente, que realizaban dichas anulaciones en el sistema, según el peritaje realizado.
Se detectaron anulaciones de comprobantes por la suma de G. 9.212.655.167. En tanto, los auditores informáticos pudieron recuperar del sistema información de las boletas anuladas del pago de impuestos que ascienden a G. 15.000 millones, comentó.
En el informe de intervención, figura además un daño patrimonial de G. 59.000 millones en diversos conceptos que afectan a varios rubros.
Tras las investigaciones, se confirmó la falta de transferencia del 30% de las recaudaciones por impuesto inmobiliario al Ministerio de Hacienda. También quedó en evidencia la deuda que existe con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, a pesar de que se descontaba del sueldo de los funcionarios un porcentaje para enviar a dicho ente, según la denuncia de los trabajadores municipales.
Decisión. El proceso de intervención será hasta el 23 de marzo, comentó Rivas. Pero el informe final de la intervención, durante los primeros 60 días, ya fue proveído a la Presidencia de la República y luego pasará a la Cámara de Diputados. Dependerá de los legisladores decidir si Gómez continúa en el cargo o es separado de manera definitiva.
El intendente, inclusive, había afirmado que buscará su reelección para el siguiente periodo. Dicha declaración la había hecho cuando la Junta Municipal acordó el pedido de intervención.