A casi un año de que la laguna Cerro, de la compañía Piquete Cué de Limpio, se tiñera de rojo por el alto nivel de contaminación, la empresa Waltrading SA –procesada por el caso por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades)– aún no abona la multa de 20.000 jornales (G. 1.761.020.000) y tampoco realiza la remediación del cuerpo de agua adyacente a dicha fábrica dedicada a pelambre de cuero.
Esta degradación tuvo hasta relevancia internacional, tras hacerse eco del caso Leonardo DiCaprio, actor y activista ambiental.
TRIBUNAL. La empresa había presentado ante el Tribunal de Cuentas una medida cautelar que buscaba dejar sin efecto las sanciones mencionadas, pero el pedido fue rechazado.
El caso no avanza. La directora de Asesoría Jurídica del Mades, Laura Bobadilla, indicó que el proceso se encuentra en la apertura de la causa a prueba que debe ser notificada al ente ambiental.
“Eso queda a cargo de la parte actora que está dilatando el hecho de notificarnos. Es donde vemos la tardanza para lograr avanzar”, señaló Bobadilla. En el expediente administrativo –resaltó– ya figuran los informes técnicos sobre la contaminación dentro de la laguna y se demostró que fue la empresa la responsable del daño causado.
“El hecho de rechazar la medida cautelar ya nos da el indicio de que el Tribunal está bajo conocimiento de la problemática ambiental, pero la situación está en la dilación de la parte actora”, resaltó.
Los miembros del Tribunal de Cuenta Primera Sala son: Martín Ávalos, Rodrigo Escobar y Gonzalo Sosa, según el Ministerio del Ambiente.
“No tengo el expediente a mano. Yo ya emití mi voto para una cuestión incidental previa y ya no tengo conmigo el expediente, eventualmente tendrá alguno de los otros miembros o estaría en secretaría. Las notificaciones dependen de las partes también, que se acerquen a la secretaría para que se corra el traslado de las peticiones a las otras partes”, manifestó al respecto Gonzalo Sosa, quien accedió a hablar brevemente sobre el caso.
Los fiscalizadores del Mades habían constatado irregularidades dentro de la fábrica, como mala disposición de desechos y fuga de efluente hacia la laguna. También que seguían operando sin permiso.
Incluso, en febrero de este año, la jueza Elsa Idoyaga dispuso la prisión preventiva del propietario de la firma en cuestión, el brasileño Rogelio Ferreira Martins. Luego se suspendió la audiencia preliminar. La defensa había pedido además que se investigue a la empresa vecina, la curtiembre denominada Lecom.