El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hizo lo que ningún otro jefe comunal se animó a hacer ante problemáticas similares: de un solo plumazo despidió a 861 funcionarios, parte de quienes apenas dos meses antes habían sido contratados por su antecesora Perla Rodríguez, con la evidente intención de sumar votos para su sector del Partido Colorado, estrategia que no le funcionó para ganar las elecciones.
La valentía del joven intendente es digna de ser destacada, ya que no teme perder popularidad ante un grupo significativo de gente desempleada, como enfrentar a la mayoría colorada de concejales en la Junta Municipal, que ha reaccionado rasgándose las vestiduras y amenazando con pedir la intervención de la administración de Prieto, por “mal desempeño en sus funciones”.
Las cifras que exhibe la actual Intendencia son contundentes. A la ya superpoblada nómina de funcionarios del anterior gobierno comunal de Sandra Zacarías, con muchos planilleros y operadores políticos que consumían cerca de 3.000 millones de guaraníes al mes, la intendenta interina Perla Rodríguez agregó más de 1.000 funcionarios contratados en menos de dos meses, aumentando el presupuesto de salarios a unos 6.000 millones, que a esta altura ya se chupó el 50% del presupuesto de todo el 2019.
La realidad con la que se encontraron las nuevas autoridades es para una novela de Frank Kafka: cuatro funcionarios por cada baldosa de la sede municipal; 19 recepcionistas para una sola dependencia y un solo escritorio; 20 arquitectos percibiendo salarios sin haber entregado una sola obra; 40 abogados contratados cuando solo unos pocos trabajan y dos cobran aún residiendo en Alemania. A este ritmo, tal como lo advierten las actuales autoridades, la administración irá a la quiebra antes de agosto próximo.
Miguel Prieto podría haberse hecho el ñembotavy y dejar que la situación estalle “por culpa de otros”, tal como hacen muchas autoridades comunales.
En la Municipalidad de Asunción, solo por dar un ejemplo, hay 8.298 funcionarios –uno por cada 63 habitantes–, cuando con un poco más de la mitad la institución funcionaría perfectamente. Aun con este alto número poco funciona, ya que gran parte del dinero se va en salarios y queda poco para obras.
La situación más escandalosa es la de la Junta Municipal capitalina, donde hay 1.089 funcionarios cuando se necesitan 700 como máximo. Los 24 concejales de Asunción tienen 567 auxiliares y 122 asistentes, un absurdo que le cuesta millones al contribuyente, pero nadie hasta ahora ha movido un dedo para remediarlo, a pesar del discurso progresista de austeridad y presunta racionalidad en los gastos que pregonan los actuales administradores. Conste que nos quedamos en el ámbito municipal, sin entrar a tallar lo que sucede también en el Poder Legislativo y en otras esferas de la administración pública, también superpoblada por políticos y autoridades que siempre han concebido al Estado como un botín político o como una monstruosa agencia de empleos en donde meter a sus votantes, y de modo privilegiado a sus parientes, amigos, amigas, novios, novias y amantes, tal como lo certifican los sonados escándalos de secretarias vip, niñeras de oro y caseros top.
Ante este cuadro de descalabro presupuestario y prácticas de corrupción en el manejo de la cosa pública la acción de un nuevo protagonista político como el intendente de Ciudad del Este implica una valiente ruptura que refuerza la esperanza de que algo puede cambiar en favor de una sociedad más transparente y democrática. Por eso hay que respaldar a Miguel Prieto en su cruzada moralizadora –tal como lo está haciendo un importante sector de la ciudadanía del Este–, al menos mientras nos demuestre que está dispuesto a cumplir con las sanas expectativas que despertó. Ya habrá tiempo de bajarle la caña si acaso defrauda esas expectativas.
