Mientras los gobiernos del mundo se concentran en evitar la expansión del Covid-19 en la población a través de medidas sanitarias, algunos países descuidan el aspecto de la transparencia gubernamental en la gestión y compra de insumos sanitarios, según revela el artículo.
“La respuesta de los gobiernos en América Latina y el Caribe fue desigual. Aunque algunos países de la región relegaron la transparencia y gestión de la información a una posición accesoria en su escala de prioridades, otros siguieron el ejemplo de países asiáticos como Corea del Sur y Taiwán y pueden servir como ejemplo tanto para otros países en Latinoamérica”, expresa una parte del artículo.
“Los casos de Paraguay, Colombia y Brasil evidencian cómo soluciones fáciles y de bajo coste pueden tener un alto impacto en materia de transparencia”, destaca Alejandro Baron, autor del artículo y doctorando en economía política internacional en la Johns Hopkins University (SAIS).
“Paraguay hizo de la necesidad virtud, utilizando los sistemas de información ya existentes para proveer datos a la ciudadanía”, menciona Baron, especializado en temas de transparencia y lucha anticorrupción.
Agregó que el decreto de emergencia, promulgado por el Ejecutivo paraguayo el pasado 26 de marzo, “ya incluía expresamente la obligación de seguir principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública”. Este decreto también obliga, aclara, “a supeditar cualquier gestión de recursos ejecutados durante el estado de emergencia a los estándares de transparencia y rendición de cuentas que el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia venía coordinando de modo horizontal con diferentes ministerios y agencias”.
La revista señala que el gobierno presentó un módulo en internet (rindiendocuentas.gov.py) para “visualizar y fiscalizar información sobre líneas de emergencia sanitaria, subsidios y contratos vinculados a la pandemia en un formato fácil e intuitivo”, en base a “Mapa Inversiones”, plataforma de transparencia sobre inversión pública ya existente, “todo a un coste mínimo”.