Esta transición hidrológica “debe ser el eje” de las políticas y estrategias de adaptación climática, como lo es la transición energética para las de mitigación, ha asegurado a EFE el relator de Naciones Unidas para el derecho al agua y al saneamiento, Pedro Arrojo.
Unos 2.000 millones de personas viven en países con escasos recursos hídricos, mientras 2.200 millones no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, según datos de Naciones Unidas sobre un recurso declarado derecho humano y recogido como el número seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Arrojo incide en que los impactos sociales, económicos y del cambio climático se producen “fundamentalmente en torno al vector agua” y, por tanto, las políticas y estrategias de adaptación al cambio climático “de las que se habla mucho menos, deben articularse en torno a la gestión del agua, a la transición hidrológica”.
Una “reclamación” que lleva planteando en las sucesivas cumbres del clima y espera que se resuelva en la COP28 de Dubái.
Explica que aunque el cambio climático tiene un “sentido democrático, porque llega a todo el mundo”, sus impactos provocarán “precipitaciones más irregulares”, y la variabilidad climática traerá sequías más prolongadas, tormentas, huracanes y grandes precipitaciones, que provocarán mayor vulnerabilidad en cuanto al acceso al agua potable como un derecho humano de la población que está en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.
Una situación de vulnerabilidad que “va en aumento”, sobre todo en territorios que por su situación geográfica pueden tener “mayores elementos de vulnerabilidad” y otros son menos vulnerables, pero “los impactos van a afectar a todo el mundo”, según Arrojo, por lo que insta a fomentar los compromisos para la reducción de gases GEI y el anhídrido carbónico en concreto o “no hay posibilidad de futuro o habrá un futuro muy, muy oscuro”.
Un compromiso que deben reforzar el conjunto de países asistentes a la COP28 y, sobre todo, “los países más productores de esos gases y de ese anhídrido carbónico”.
Sin embargo, subraya, a pesar de que las estrategias de adaptación tienen “un carácter global, también son más territoriales”, así cada país, cada territorio, debe ver cuáles son los elementos de mayor vulnerabilidad y las poblaciones más expuestas para articular políticas nacionales, regionales o locales.
La mitigación climática debe implicar “compromisos globales”, pero “la adaptación es de cada territorio, de cada país y no caben disculpas”.
Políticas de mitigación son “insuficientes”
En opinión del relator de Naciones Unidas, “prácticamente todos los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) “dan por frustrada la demanda que salió del Acuerdo de París”, porque “estamos desbordando todos los límites y nos estamos abocando a unas situaciones catastróficas”.
Las políticas de mitigación “están siendo absolutamente insuficientes”, los compromisos de los principales emisores “están lejísimos de cumplir con sus obligaciones”. Unas obligaciones que, sostiene, se requieren en todo el mundo para tener “un futuro más esperanzador”.
En el tema de la adaptación, insiste “no vale echarle la culpa a los demás, a los países más ricos, ahí cada Gobierno, sea de país rico, sea de país pobre, tiene una serie de obligaciones para, por ejemplo, “la cuestión del agua, que es fundamental para la vida, es el alma azul de la vida”.
Las crisis del agua están vinculadas a las sequías, a riesgos de inundación, dice, por lo que “ahí tiene que haber políticas y estrategias de adaptación en cada territorio, y ahí está la responsabilidad de cada gobierno, y también la territorial y social”.
Según Arrojo, quienes viven en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad “tienen que recibir especial atención” para minimizar los riesgos a través de esas políticas y esas estrategias de adaptación, y ahí es donde, por ejemplo, “los derechos humanos al agua potable y al saneamiento tienen una particular trascendencia”.
Gestión como un bien común
Sobre la privatización del agua, Arrojo sostiene que como derecho humano que es, el agua debe ser “gestionada como un bien común, accesible para todos, pero no apropiable por nadie, no motivo de negocio como cuestión clave”.
Es necesario “cambiar la mentalidad en ese sentido, hacer legislaciones que protejan una gestión pública, transparente y participativa del agua como un bien común”.
Con relación a la conflictividad del agua, como en España, donde para 2050 se prevé que las sequías afectarán a un 70 % más de territorio y que 27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua o en territorios como Gaza, donde más de 2.300.000 personas están subsistiendo con agua contaminada, Arrojo piensa que “hay que abrir un espacio real de reflexión y de acuerdo sobre lo que son las estrategias de adaptación al cambio climático, presididas por la transición hidrológica”, insiste.
En la transición hidrológica “hay menos incentivos de negocio”, por lo que pasa a ser verdaderamente un “desafío democrático, político, donde los gobiernos tienen que prestar atención, destinar fondos y tomar acuerdos efectivos que permitan proteger de los tremendos riesgos que suponen las sequías y los riesgos de inundación por cambio climático”, concluye.
Fuente: EFE
