Dicho programa fue habilitado por el Gobierno para personas de escasos recursos, a quienes se desembolsaron los recursos para paliar las necesidades que provocaron la pandemia por el coronavirus.
Tras realizar las investigaciones se pudo constatar que las 52 personas no reunían las condiciones legales para el cobro de dicho programa de asistencia alimentaria.
Tras el trabajo técnico de la Senac se ha detectado que las personas ahora denunciadas, al momento de la inscripción, eran funcionarios públicos.
En ese sentido, el director general de Asesoría Jurídica de la Senac, Federico Hetter, se refirió a que se “genera la sospecha de la comisión de supuestos hechos punibles de estafa, cobro indebido de subvenciones o adquisición fraudulenta de subvenciones y declaración falsa”.
La Senac presentó ante el Ministerio Público denuncias contra dichas personas, a fin de dar inicio a la persecución penal y que se esclarezcan los casos denunciados.
El abogado destacó que “desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, se sugirieron actos de investigación tendientes a determinar quién fue la persona que realizó las inscripciones.
Esta proposición fáctica es sumamente importante a los efectos de esclarecer y determinar los grados de participación de los referidos hechos punibles”, sostuvo finalmente.
Cabe recordar que la institución ante una denuncia recibida del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), presentó en mayo pasado 98 denuncias al Ministerio Público por los mismos supuestos hechos irregulares detectados, tras el estudio detallado realizado a cada uno de los casos.
La institución informó que siguen investigando otros posibles casos en todo el territorio nacional.