La iniciativa fue rechazada en el Senado y ahora en segunda vuelta debe ser analizada nuevamente a instancias de la Cámara Baja, que precisará de la mayoría calificada para ratificarse en su sanción inicial. Los proyectistas alegan que con la expropiación se conseguirá la reubicación de 150 familias en la propiedad en disputa.
La finca está ubicada en el distrito de Tacuatí, Departamento de San Pedro, y cuenta en total con 40.000 hectáreas y en una de las parcelas se encuentra la citada estancia Alegría, donde también está asentada una escuela.
En la sesión extraordinaria de la Cámara Baja del martes último, el documento tuvo ingreso oficial y fue remitido a las comisiones asesoras para su dictamen correspondiente para que luego se trate por el pleno.
A pesar de que los proyectistas insisten en que la normativa sea sancionada, la mayoría de los diputados que en su momento aprobaron el proyecto, tras las repercusiones generadas, se arrepintieron de su decisión y ya adelantaron que aceptarán el rechazo del Senado con lo que el documento irá al archivo.
Benedick Eberhard, ciudadano alemán propietario de la estancia, fue recibido junto a su familia el martes en Palacio de López por el presidente Abdo Benítez, quien le ratificó que su Gobierno respeta la propiedad privada.
Eberhad manifestó que desde el momento en que se enteraron de la intención de un grupo de legisladores de plantear la expropiación iniciaron una dura batalla y esperan que se rechace en Diputados. Señaló que la parcela que se intenta expropiar es la más productiva.
Mencionó que él y su familia residen en Alemania, pero que vienen muy seguido a nuestro país.
De acuerdo con Eberhad, el establecimiento cuenta con 70 empleados, que construyeron una escuela en la que van 80 alumnos, y que de los seis profesores, cinco son pagados por la empresa. Inclusive, mencionó que llegaron a construir un hospital grande que se cerró luego de la instalación del IPS.
IMPRODUCTIVA. Los diputados proyectistas, entre ellos los liberales Pastor Vera Bejarano, Andrés Rojas Feris y los colorados Freddy D’Ecclesiis, argumentaron que las tierras del citado inmueble no cumplen una función social y no están bien explotadas y que la lucha de los campesinos en la zona, que exigen un pedazo del terreno, data de hace 11 años.
Incluso poco después de la media sanción, las familias que serían beneficiadas con la expropiación llegaron hasta la Cámara de Diputados, presentando los documentos de los trámites que vienen realizando.