Los posibles errores del Estado durante el tiempo en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó adelante su investigación sobre la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí por secuestro y tortura, son motivo de cuestionamientos por parte de autores políticos y del Derecho contra los anteriores gobiernos.
El informe de fondo de la Comisión señala que el Estado paraguayo pidió una prórroga el 13 de julio de 2017 para pronunciarse sobre requerimientos del organismo, pero luego de cumplirse el plazo no acercaron sus observaciones. Posteriormente, el 5 de setiembre de 2017 se publica el informe, que es comunicado después a la Corte.
El procurador general de la República, Sergio Coscia, quien tiene la enorme responsabilidad de preparar los alegatos finales, reconoció que hubo consultas de este organismo investigador que no fueron respondidas años atrás, según consta en el Informe de fondo 100/17.
Sin embargo, la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta, aseguró que sí se realizaron las contestaciones.
“El 24 de julio de 2010, Paraguay comunica a la CIDH la imposibilidad de realizar un acuerdo de solución amistosa con los prófugos. La siguiente comunicación de CIDH data del 12 de setiembre 2017, comunicando el informe de fondo 100/17”, apunta.
El caso, según indica Peralta, quedó en manos de la Comisión desde 2010 hasta el 2017.
“Paraguay siempre respondió a todos los pedidos de informes y observaciones. Tenemos la cronología exacta y los documentos a disposición de los que pretenden sembrar dudas”, manifestó en redes sociales.
La directora indicó que el Estado expuso en el 2011 los motivos por los que no accedió al acuerdo de amistad y sus observaciones sobre el caso en general.
“En el año 2011, Paraguay remite sus observaciones de fondo debido a que no pudo llevarse adelante un acuerdo de solución amistosa. Luego de este trámite solo resta el informe de la CIDH sobre el fondo, el cual se emite en el 2017”, detalla.
Coscia había señalado que el Estado en ese entonces no accedió a un entendimiento con los demandantes, Arrom y Martí, porque su defensa pidió que se desestimara la acusación de secuestro en el caso de María Edith Bordón de Debernardi, y ellos a cambio retirarían su demanda por privación de libertad y tortura ante la Comisión. El Gobierno se negó.
Posteriormente, se siguen realizando las comunicaciones entre todas las partes, hasta el pedido de prórroga en 2017, que fue la última respuesta del Estado, según la CIDH.
La contestación fue omitida durante la gestión del procurador Roberto Moreno, el canciller Eladio Loizaga, el fiscal general Javier Díaz Verón y el ministro del Interior, Lorenzo Darío Lezcano, bajo gobierno de Horacio Cartes.
El informe de fondo de la Comisión, entonces, fue notificado al Estado el 12 de setiembre de 2017, con un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
El Estado finalmente rechazó las acusaciones y las sugerencias de resarcimiento para las supuestas víctimas de secuestro y tortura y la Comisión decidió enviar el caso a la Corte CIDH.
Es posible, según supuso la senadora Desirée Masi, que haya existido una descoordinación entre instituciones, por lo que algunas respuestas no fueron brindadas.
La Procuraduría no es la única encargada de la defensa del Estado ante la Corte IDH.
Paraguay siempre respondió a todos los pedidos de informes y observaciones de la CIDH. Alejandra Peralta, directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Me comprometí a investigar por qué llegamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio Coscia, procurador general.
