Este miércoles el Gobierno de Ecuador rechazó el pedido indígena de derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital ecuatoriana.
Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta volvió a la carga para exigir una reducción de los precios de los combustibles, entre otras acciones que amortigüen el costo de la canasta básica.
Llegados de varios puntos, cerca de 10.000 indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos de árboles. Alambres de púas, vallas y militares protegen la sede presidencial. La ciudad está semiparalizada.
El Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las “manos manchadas de sangre”, lanzó el indígena Leonidas Iza, líder de la movilización, frente a la represión que denuncian los manifestantes.
Entre lunes y martes han muerto dos personas en medio de las protestas, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. De acuerdo a la policía, hay 101 efectivos y soldados heridos.
No obstante Iza, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dijo que está dispuesto al “diálogo” sin intermediarios y bajo “veeduría” que garantice “resultados”.
Como punto de partida, la Conaie quiere que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuarteles y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.
Pero el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue rotundo: “No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir”, advirtió en entrevista con el canal Teleamazonas.
Con los acercamientos en puntos muertos, las protestas avanzan en el resto del país. El martes, un ataque a instalaciones policiales en la localidad amazónica de Puyo dejó un muerto y seis uniformados con heridas graves, según el ministerio del Interior.
Dieciocho policías están “desaparecidos” y tres más fueron “retenidos” por indígenas, añadió el jefe de la cartera, Patricio Carrillo.
Estamos “demasiado enojados con el gobierno”, dijo a la AFP Olmedo Ayala, un indígena de 42 años que llegó a Quito. El diésel subió un 90% y la gasolina corriente un 46% en casi un año, lo que aumentó el costo de los fletes. Los indígenas aseguran que están cosechando a pérdida. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
Sin mayor respaldo político, Lasso cuenta por ahora con el apoyo de los militares, que cerraron filas en torno al gobierno.
Preocupación
Este jueves, el jefe de la diplomacia para América Latina de Estados Unidos, Brian Nichols, hizo un “llamado a todas las partes para que se abstengan de la violencia”. De su lado, la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a las partes a “entablar un diálogo” a partir del cual “se aborden los reclamos” de la Conaie.