Editorial

La parcialidad de la Fiscalía lleva a peligrosas prácticas stronistas

La investigación fiscal a personas que participaron de una manifestación frente al Panteón de los Héroes, el pasado 5 de setiembre —circunstancias en que se realizaron actos en detrimento del edificio histórico, así como la quema de una bandera—, por haber pronunciado discursos críticos contra el Gobierno, constituye un abuso autoritario de la Fiscalía, que limita los derechos de libre reunión, manifestación y expresión, y remite a nefastas prácticas dictatoriales. El haberse quitado los tapabocas durante sus intervenciones es una falta al Código Sanitario, pero lo cuestionable es que el Ministerio Público no aplica el mismo rigor a autoridades del Gobierno y líderes de la ANR, quienes también aparecieron en actos públicos y sociales incumpliendo las normativas. Esta persecución selectiva a derechos políticos es sumamente nociva para la democracia.

Ha causado gran sorpresa en ámbitos culturales y políticos la investigación por parte del Ministerio Público de reconocidas personas que asistieron a una manifestación el pasado 5 de setiembre, frente al Panteón Nacional de los Héroes y que formularon discursos críticos contra el Gobierno, en protesta por el fallecimiento de dos niñas de 11 años de edad durante un operativo militar contra el grupo armado criminal EPP.

Durante la manifestación, algunas personas cruzaron la valla de seguridad y cometieron reprochables actos de daños al emblemático edificio, que es Patrimonio Histórico y Cultural, pintando grafitis en las paredes y columnas, e incluso prendiéndole fuego a una enseña tricolor que colgaba en el lugar.

El repudiable hecho mereció la crítica de gran parte de la población y generó manifestaciones de desagravio. Las personas que cometieron el acto delictivo ya han sido individualizadas y están imputadas por la Justicia.

Sin embargo, llamativamente, el Ministerio Público también ha procedido a investigar a personas que participaron de la manifestación, pero de quienes no existen evidencias públicas de que hayan participado también de los daños contra el patrimonio.

Entre estas personas investigadas se encuentran el conocido poeta, escritor, docente e investigador Miguel Ángel Fernández, de 82 años de edad; la luchadora social y destacada dirigente del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) desde la época de la dictadura, Diana Bañuelos, además de la abogada Elizabeth Escobar Flores. Según la versión que el propio fiscal de la causa, Ángel Ramírez, brindó a este diario, estas personas fueron “quienes sin tapabocas estuvieron haciendo discursos, y participando de la reunión”.

Los derechos a la libre reunión, libre manifestación y libre expresión están consagrados por la Constitución Nacional y son elementos básicos de una democracia.

Al no existir ningún indicio de que estas personas hayan participado de los actos delictivos de los daños al patrimonio, se los está penalizando por ejercer un libre derecho de protesta, como ocurría durante la dictadura stronista.

La presunta falta de hablar sin tapabocas, aunque las fotos y los videos del acto demuestran que había distanciamiento físico, es una falta al Código Sanitario en épocas de pandemia, pero el Ministerio Público no investiga ni imputa por estas violaciones a referentes políticos del Partido Colorado, que aparecieron recientemente en actos por el aniversario de la ANR con nutrida concurrencia y sin usar mascarillas, o de los asistentes a la polémica boda de la hija del ex presidente Horacio Cartes.

Perseguir penalmente desde la Fiscalía y desde el sistema de Justicia —instituciones que deberían amparar y garantizar los derechos de los ciudadanos— a quienes acuden frente al Panteón de los Héroes o a cualquier lugar público a protestar contra el Gobierno y las autoridades es cercenar conceptos básicos de la democracia y retornar a oscuras épocas de la dictadura stronista.

Desde la sociedad civil se debe cuestionar y evitar esta lamentable regresión autoritaria.

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