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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es políticamente responsable por el escándalo de lavado de dinero y sobornos que afecta a la estatal Petróleo Brasileiro SA, aunque lo más probable es que no estuvo lo suficientemente implicada como para justificar un juicio político, dijo el principal líder opositor en el Senado.
Aloysio Nunes, del centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo el lunes en un discurso ante el Senado que no está claro si Rousseff, reelegida presidenta el 26 de octubre, conocía la supuesta corrupción.
Los fiscales aseguran que Petrobras, como es conocida la compañía, pagó sistemáticamente sobreprecios por activos y por servicios de contratistas.
Los fondos excedentes habrían sido canalizados de manera ilegal hacia partidos políticos, incluido el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Petrobras retrasó el reporte de sus resultados del tercer trimestre para investigar las acusaciones, que provocaron la caída de sus acciones.
Rousseff fue presidenta del consejo directivo de la compañía desde 2003 a 2010, periodo en el que ocurrió gran parte de las presuntas prácticas de corrupción. No obstante, la mandataria niega haber tenido conocimiento de los delitos.
PREGUNTAS. “¿Es posible que realmente no supiera nada, que no fuera capaz de activar mecanismos de control en Petrobras?”, preguntó Nunes en su discurso. “Tuvo todas (...) las oportunidades para saber qué estaba pasando (...) pero no lo hizo. Así que es responsable”, afirmó.
No obstante, Nunes precisó que, aunque Dilma se benefició políticamente con el esquema de corrupción, no la llamaría “personalmente deshonesta”, y tampoco la acusó de ser el cerebro de la operación.
Esta distinción es consistente con los comentarios efectuados previamente de forma privada y pública por altos cargos del PSDB, que tienden a ver a Rousseff como una figura relativamente limpia dentro del gobernante PT, que sí consideran repleto de corrupción.
Por tanto, Nunes aseguró que su partido no debería buscar en esta ocasión la impugnación de la mandataria, un trámite calificado por él como un “proceso riguroso, traumático, que depende de pruebas absolutamente inequívocas desde un punto de vista legal”.
José Agripino, líder del partido opositor Demócratas, hizo comentarios similares en una entrevista publicada el martes en Valor Económico: “Es difícil (creer) que no tuviera información (...) (pero) no puedo decir que lo sabía todo”.
Rousseff dijo que los fiscales deben investigar a fondo si se cometieron delitos y expresó su esperanza de que el escándalo haga descender la corrupción en Brasil. Agregó que el escándalo es simbólico, ya que es el primer gran caso de corrupción que se investiga a fondo. “Esto va a cambiar para siempre la relación entre (...) la sociedad brasileña, el Estado brasileño y las empresas privadas”, sostuvo.
